7 de diciembre de 2009
DesdeCiudad de México
por Jorge Luis Sierra
Lejos de frenar el consumo de drogas, la política policiaca estadunidense de combate al narcotráfico atestigua el incremento –por millones– de los consumidores de sustancias prohibidas. La realidad comienza a imponerse: 14 estados de la unión americana legalizan el consumo de la marihuana para fines terapéuticos. En Albuquerque, incluso, se permite el cultivo de la cannabis. México, plegado a la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos, llega tarde a la discusión sobre la legalización del consumo de estupefacientes
Alburquerque, Nuevo México, Estados Unidos. “¿Por qué tiene que ir a la cárcel una persona que ha decidido inyectarse una sustancia en su propio cuerpo?”, pregunta Ethan Nadelmann, el dirigente de la Drug Policy Alliance (DPA) en la clausura de la conferencia mundial que unió a todas las corrientes que se oponen a la guerra contra las drogas y proponen en su lugar la despenalización de su consumo de drogas, así como los programas de educación y salud para los consumidores.
Nadelmann y los cientos de participantes en esta conferencia realizada en Alburquerque piensan que la guerra contra las drogas ha saturado las cárceles con usuarios y pequeños distribuidores de drogas, produciendo una ola de ejecuciones vinculadas con el narcotráfico en México, y ha militarizado los cuerpos de policía en lugar de reformarlos y limpiar la corrupción en sus filas. En tanto, afirman los conferencistas en sus ponencias y discusiones, el consumo y tráfico de drogas siguen vivos, sin sufrir alteraciones mayores provocadas por la guerra antinarcóticos.
Las cifras son elocuentes.
En los últimos seis años, el número total de consumidores de marihuana en Estados Unidos ha pasado de 20 a 25 millones de usuarios, según la encuesta de adicciones más reciente en este país. Cinco millones de estadunidenses consumen al año entre 250 y 300 toneladas de cocaína, mientras que 456 mil usuarios estadunidenses consumen 13 toneladas métricas de heroína proveniente de México, Colombia y Asia. Un mercado emergente de 856 mil usuarios consume entre 106 y 108 toneladas de metanfetaminas procesadas en laboratorios clandestinos de México y Estados Unidos. El quinto mercado está compuesto por 2.1 millones de usuarios que consumen un total anual estimado de 8 toneladas métricas de éxtasis fabricadas en Canadá y Europa, principalmente Países Bajos y Bélgica.
En México, las cosas no son tan distintas y, aunque los consumidores no son tan numerosos, las tendencias van al alza: según la Encuesta nacional de adicciones de 2008, el número de consumidores de drogas alcanzó las 500 mil personas, un crecimiento de 50 por ciento en los últimos seis años. El uso de cocaína se duplicó al pasar de 1.2 a 2.4 por ciento.
La única solución posible es la despenalización del consumo de drogas, afirma Nadelman.
En los últimos años, ese sueño se ha ido cumpliendo, pero no por la voluntad del gobierno federal de Estados Unidos, sino por la decisión de sus gobiernos estatales y municipales. Actualmente, 14 de los 50 estados de Estados Unidos han aprobado leyes para despenalizar el consumo y distribución de marihuana con fines médicos. Sin embargo, hasta antes del 19 de octubre pasado, los médicos que se arriesgaban a prescribir marihuana o los pacientes que aventuraban a comprar las recetas corrían un riesgo alto de ser detenidos y acusados por la Agencia Atidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).
Eric Holder, procurador general de Estados Unidos, dirigió un memorándum a todos los fiscales de distrito del país, pidiéndoles la suspensión de los juicios por posesión de marihuana que entrara dentro de los límites de las leyes estatales. Para los críticos de las políticas antidrogas, ése es el primer paso hacia la legalización del consumo de marihuana.
“No será una prioridad del gobierno el uso de recursos federales para perseguir pacientes con enfermedades graves y sus médicos que cumplan con las leyes estatales de la marihuana con fines médicos”, dijo Holder a los fiscales en un mensaje que provocó optimismo en el movimiento por la reforma de las leyes que castigan penalmente el consumo de drogas.
Nuevo México, Michigan y Rhode Island están tomando pasos rápidos para establecer sistemas de distribución legal de marihuana. En Nuevo México, por ejemplo, los pacientes deberán solicitar por escrito y con ayuda del médico la autorización para consumir marihuana. El departamento estatal de Nuevo México deberá autorizar al consumidor a plantar y cosechar su propia medicina o a comprarla a empresas debidamente registradas.
Según la revista Alibi, de Alburquerque, en el estado hay 746 pacientes, de los cuales 201 tienen ya una licencia para tener dos plantas maduras de marihuana en su jardín así como 12 semillas. El gobierno de Nuevo México autoriza el consumo de marihuana sólo para aliviar la condición de pacientes de 15 tipos de enfermedades, entre ellas el dolor severo y crónico, el estrés postraumático, la hepatitis C, un tipo de esclerosis, cáncer, glaucoma, epilepsia y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
En ese estado, sólo las organizaciones sin fines de lucro pueden recibir autorización para producir marihuana con fines médicos. Hasta el momento, 25 organizaciones han solicitado la licencia y sólo cuatro de éstas han sido otorgadas.
Sin embargo, hasta la recomendación de Holder, las leyes estatales que suavizaban el control de la marihuana no bastaban para evitar las aprehensiones ni las redadas de la DEA. Según Americans for Safe Access, una organización que apoya los programas de marihuana médica, hubo 200 redadas en California durante la administración del presidente George W Bush.
Según el New York Times, la Suprema Corte de Justicia ha decidido que el gobierno federal puede realizar investigaciones y detenciones aun en estados donde hay leyes que aprueban el uso médico de la marihuana.
Aunque se muestra optimista sobre el paso reciente tomado por la administración del presidente Barack Obama, el director ejecutivo de DPA afirma que él no cree que Obama vaya a despenalizar por completo el consumo de drogas.
“Gracias por detener el golpe policial a los consumidores de drogas, por permitir que cese la prohibición de subvencionar los programas de cambio de ampoyetas y por detener a los policías que se oponían al uso médico de la marihuana”, dice Nadelmann en relación con las recientes decisiones de Obama. “Sin embargo, presidente Obama, recuerde que la política no debe de reemplazar a la ciencia, y que ese principio debe aplicarse también a la política de drogas; todas las opciones necesitan estar en la mesa”.
Obama necesita tomar este movimiento seriamente, dice Hiawatha, un exadicto que ahora se dedica a organizar a consumidores de drogas en Brooklyn, Nueva York, a través de una organización llamada Voces de Líderes y Promotores Comunitarios. “Si él mira las estadísticas verá que las políticas antidrogas son costosas, no resuelven el problema y mantienen las cárceles llenas”.
Nadelmann y una multitud de investigadores y activistas reunidos en la conferencia de Alburquerque coincidieron en que los recursos que actualmente se usan para combatir las drogas con polícías y soldados deben ser puestos a disposición de los médicos y los educadores para reducir los daños ocasionados por el consumo de drogas y prevenir la existencia de más adictos.
El líder de DPA visitará la ciudad de México en unas semanas y es posible que se enfrente a sectores de la sociedad que se oponen a la despenalización del consumo de drogas.
“La gran mayoría de personas que usan estas drogas no están haciéndole daño a nadie y ni siquiera a ellos mismos”, dice Nadelmann en una entrevista al concluir la conferencia de Alburquerque. “Pretender que estas drogas son más dañinas que el alcohol y el tabaco es un mito”.
Nadelmann afirma que los jóvenes ya tienen un “acceso tremendo a drogas ilegales”. “No hay nada que indique que la prohibición ha sido un éxito, la prohibición no ha tenido éxito en mantener a las drogas alejadas de la gente joven”.
Durante la conferencia, Beto O’Rourke, comisionado de la ciudad de El Paso, Texas, dijo que la ola de criminalidad y violencia en Ciudad Juárez era resultado del fracaso de la política antidrogas.
O’Rourke narró cómo los legisladores estatales y algunos federales se opusieron a la ordenanza que aprobó la comisión municipal para permitir el uso médico de la marihuana.
En Texas, la ley impide el uso legal o ilegal de la marihuana. O’Rourke consideró que la situación de Ciudad Juárez no soporta más y que él apoya a los empresarios de esta ciudad mexicana que piden la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas.
Con o sin los “cascos azules”, la política antidrogas ha mostrado en toda América Latina impactos colaterales que dañan los derechos humanos y tienen efectos nulos sobre la disponibilidad de las drogas, dijeron varios participantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile y México, reunidos en la conferencia de Alburquerque.
“La marihuana debe ser legalizada: tenemos que parar su criminalizacion y debemos usar la aproximación de la reducción del daño a todas las demás drogas”, dice Gary Johnson, exgobernador de Nuevo México en una entrevista al finalizar la conferencia.
“De lo que se trata es de reconocer que el consumo de drogas es más bien un asunto de salud que del aparato de justicia criminal”, dice Johnson. “El 90 por ciento del problema de las drogas tiene que ver con la prohibición y yo aplaudo a México por descriminalizar el uso de drogas”.
México aprobó recientemente una ley para reducir las penas por la posesión de droga en cantidades limitadas al consumo personal, pero en opinión del Colectivo para una Política Integral de Drogas (Cupid), esa ley amenaza algunos derechos básicos de los mexicanos.
En una investigación difundida durante la conferencia, Jorge Hernández Tinajero y Carlos Zamudio, del Cupid, señalan que la ley se limita a endurecer las penas a los distribuidores pequeños de drogas en lugar de despenalizar el consumo. La ley establece que la posesión de 5 gramos de cualquier droga debe ser penalizada con tratamiento médico obligatorio, mientras que la posesión de una cantidad mayor ya conlleva penas de prisión.
El problema, afirman los autores, es que al no despenalizar el consumo, la ley deja abierta la puerta para la extorsión policial de los consumidores y la distracción de los recursos policiales que debieran estar concentrados en los grandes distribuidores de drogas. La ley tampoco establece quién tiene la jurisdicción en la persecución de los pequeños distribuidores y su única forma de medición del éxito consiste en el número de arrestados, no en la disponibilidad de drogas y los indicadores de consumo.
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