Los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas y no comprometer el Estado de Derecho
06-11-2009
Rebelión
Traducido por S. Seguí
Comunicado de prensa conjunto emitido por las siguientes organizaciones:
Adalah – Legal Center for Arab Minority Rights in Israel * Addameer * Al Dameer Association for Human Rights * Al-Haq – Law in the Service of Man * Al Mezan Centre for Human Rights * Arab Association for Human Rights * Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights * Defence for Children International-Palestine Section * Ensan Center for Human Rights and Democracy * Jerusalem Legal Aid Center * Palestinian Centre for Human Rights * Ramallah Center for Human Rights Studies * Women’s Center for Legal Aid and Counseling
Hoy, 4 de noviembre de 2009, la Asamblea General se reunirá para discutir el Informe de la Misión de las Naciones Unidas de investigación del conflicto en Gaza (Informe Goldstone). Ha sido presentado a la Asamblea General un proyecto de Resolución para su debate, y es evidente que aquellos que dicen hablar en nombre de los derechos humanos y el derecho internacional no están cumpliendo con su mandato. El proyecto de Resolución actual es un compromiso político destinado a respaldar una resolución sin sustancia que no proteja los derechos de las víctimas ni persiga la rendición de cuentas. Mientras que el proyecto recoge ciertas exigencias, no incluye explícitamente las medidas operativas necesarias para la aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone, y no incluye el remedio y la reparación de las víctimas.
No puede haber compromiso en relación con los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho internacional. Si el Derecho Internacional ha de ser capaz de proteger las poblaciones civiles y evitar atrocidades en el futuro, es preciso que sea llevado a la práctica. Se debe garantizar el derecho humano básico de cada individuo a una protección igual de la ley y su tutela judicial efectiva. Los acusados de cometer crímenes internacionales deben ser investigados y llevados a juicio.
Al apoyar este proyecto, la OLP está siguiendo la política tradicional de tratar de obtener una resolución por consenso. Demasiado a menudo, los derechos de los palestinos se han negociado a distancia a fin de dar la apariencia de progreso político, y con demasiada frecuencia se ha considerado como progreso el simple mantenimiento del statu quo que durante décadas ha negado a los palestinos sus derechos fundamentales.
No debe permitirse que prevalezca la impunidad. El Derecho Internacional y el respeto de los derechos humanos fundamentales de los pueblos de todo el mundo, no deben estar sujetos a los caprichos de los Estados poderosos. Como palestinos y representantes de las víctimas, exigimos que se haga justicia y la posibilidad de un futuro pacífico.
La Asamblea General debe solicitar que el Consejo de Seguridad no sólo examine el Informe Goldstone, sino también que ponga en práctica sus recomendaciones. Las investigaciones internas son esenciales; sin embargo, si no se llevan a cabo de forma creíble y de conformidad con las normas internacionales –como la experiencia sugiere que es ahora probable– entonces las consecuencias deben ser claras. Si se realizan intentos para proteger de la justicia a presuntos criminales de guerra, entonces el Consejo de Seguridad debe tomar las medidas apropiadas y la situación debe pasar a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
También es esencial que, como se recomienda en el Informe Goldstone, la Asamblea General actúe ahora para asegurar la reparación de las víctimas de la Operación Plomo Fundido. Es inaceptable que el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza continúe hoy día, y que se impida la reconstrucción y la recuperación. La Asamblea General debe establecer un fondo de garantía para gestionar las reparaciones debidas a las víctimas de Israel, y actuar para poner fin a este bloqueo ilegal. Las Naciones Unidas no pueden tolerar el constante sufrimiento de civiles inocentes.
En la reunión del Consejo de Derechos Humanos de septiembre, la vacilación política de la OLP, el programa contra la rendición de cuentas presentado por algunos de los más poderosos Estados miembros, y una total indiferencia por las víctimas de la Operación Plomo Fundido significaron el primer intento de enterrar el Informe Goldstone. Como representante de los palestinos ante la ONU, la OLP debe hacer lo necesario para que el segundo intento no tenga éxito, y debe volver a centrar sus esfuerzos en garantizar que se adopte una Resolución que recoja plenamente el informe Goldstone y sus recomendaciones detalladas por una mayoría de la Asamblea General. Asimismo, que dicha Resolución de consenso anule efectivamente la decisión de la Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos, que repudió el estado de derecho internacional y apoyó implícitamente la impunidad para los que agreden a civiles.
Los palestinos no quieren ser parte de un consenso que entierre el Informe Goldstone y niegue los derechos legítimos de las víctimas. Los palestinos no deberían verse obligados a negociar las recomendaciones del Informe Goldstone, ni a poner en peligro sus derechos fundamentales en virtud del Derecho Internacional. Es esencial –a riesgo de tolerar la impunidad y la comisión de futuros delitos internacionales– que la Asamblea General:
1. respalde plenamente el informe de la Misión de las Naciones Unidas de investigación del conflicto en Gaza (Informe Goldstone);
2. inste al Consejo de Seguridad a aprobar el informe, y a establecer con rapidez todos los mecanismos de rendición de cuentas que el informe establece, en particular el recurso a la Corte Penal Internacional en ausencia de investigaciones de buena fe por las partes en el conflicto;
3. exija que las partes en conflicto lleven a cabo investigaciones internas y enjuiciamientos en su territorio, con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad, independencia, celeridad y eficacia;
4. establezca un comité independiente de expertos internacionales en Derecho Humanitario y Derechos Humanos para supervisar cualquier procedimiento jurídico, a escala nacional o internacional, adoptado por las partes en conflicto, e informe públicamente a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad;
5. se mantenga plenamente informada de este asunto hasta que se inicie la acción apropiada, a escala nacional o internacional, a fin de garantizar la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas a los autores;
6. establezca un fondo de garantía con el propósito de compensar a las víctimas de violaciones del Derecho Internacional cometidas durante la Operación Plomo Fundido;
7. solicite a Suiza que convoque una conferencia de las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra para asegurar su respeto; promover un debate urgente sobre el uso de municiones como el fósforo blanco (como se menciona en el Informe) y una moratoria sobre su uso por parte de Israel.
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