En febrero de 2002 la Audiencia Nacional fue el escenario de una durísima batalla en la que se enfrentaron el garantismo judicial y la razón de Estado. Un oportuno escándalo mediático permitió acabar con un tribunal incómodo y díscolo.
DAVID FERNÁNDEZ. BARCELONA
Lunes 30 de noviembre de 2009.
Dada su enorme incidencia en la vida pública, la Audiencia Nacional ha sido escenario de encarnizadas luchas. La ‘purga’ de su Sala Cuarta de lo Penal es todo un ejemplo.
Desde finales de los ‘90 tres magistrados de la Audiencia Nacional estaban entorpeciendo la estrategia antiterrorista del Gobierno español del “todo es ETA”. Venían revocando y cuestionando, una tras otra y abiertamente, las instrucciones de Baltasar Garzón contra la izquierda abertzale. El titular del juzgado de instrucción nº 5 es un instructor con facultades enormes, pero sus decisiones se pueden revisar y recurrir en un nivel jurisdiccional superior. Cada publicitada megaoperación del superjuez “contra el entorno de ETA” se deshacía pocos meses después, con base en una sólida argumentación jurídica de la Sala Cuarta, que criticaba veladamente la forma de instruir de Garzón y, sobre todo, rechazaba una espuria literatura policial, en la que la ausencia de material probatorio y la falta de individualización concreta del delito se había vuelto norma. Hasta que se desató la guerra.
Frente judicial de ETA
Empezó Rajoy, a la sazón ministro de Interior, afirmando sin tapujos que “algunos jueces tiran por tierra, con sus decisiones, la labor de años de la policía”. Algunos medios de comunicación llegaron a calificar a la propia Sala como el “frente judicial de ETA”. La drástica presión política y mediática no amedrentó entonces a los magistrados, que siguieron decretando libertades de personas encarceladas. Fue el caso sintomático del periodista vascogallego Pepe Rei. En un auto que decretaba su tercera puesta en libertad sin cargos, los magistrados de la Sala Cuarta consideraron totalmente normal la existencia de la revista de investigación Ardi Beltza, aduciendo que una publicación independentista, internacionalista y marcadamente anticapitalista se ubicaba perfectamente en los derechos fundamentales y la libertad de expresión.
En febrero de 2002, la Sala Cuarta recibe un informe psiquiátrico sobre el reo Carlos Ruiz Santamaría, ‘El Negro’, que alerta del elevado riesgo de suicido del preso, a punto de ser juzgado. Decretan su libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas y comparecencias obligadas cada 15 días. Pero el narcotraficante huye. Y ‘estalla’ un escándalo. Los tres magistrados sufren una campaña de desprestigio. Son suspendidos cautelarmente, la propia fiscalía presenta una querella por prevaricación y son apartados de la Audiencia fulminantemente. Ningún escándalo relacionado con el tráfico de drogas ha sido tan explotado mediáticamente ni tan rápidamente sancionado.
La Audiencia tomada
Tras aquella drástica sanción, en sus pasillos la letanía de su personal fue la misma: “Cotino (entonces director general de la policía) y Garzón han tomado la Audiencia Nacional”. En mayo de 2004 el Tribunal Supremo descartó cualquier indicio de delito contra los tres magistrados. Las medidas disciplinarias impuestas por el CGPJ habían sido levísimas. Posteriormente, los magistrados fueron rehabilitados y se reincorporaron a la Audiencia.
Pero desde entonces ninguna sala se ha atrevido a cuestionar las decisiones de Garzón. Sin aquella batalla es hoy imposible comprender instrucciones y sentencias como la del macroproceso 18/98 o el cierre de los periódicos Egin y Egunkaria o la equiparación de desobediencia civil y terrorismo.
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