por Arnold August*
3 de diciembre de 2009
Montreal (Canadá)
Para lograr someter a los hondureños, el Imperio anglosajón está recurriendo al clásico método del «policía malo y el policía bueno». Por un lado, acción secreta y golpe militar, y por el otro, diplomacia y cortinas de humo. Ambas vías se mantienen abiertas simultáneamente mientras que Estados Unidos y Canadá se reparten los papeles como mejor les conviene. Arnold August observa sin embargo que, en este caso, el objetivo de la diplomacia no es garantizar el respeto del derecho internacional sino, por el contrario, enmascarar la violación de ese derecho. En ese sentido, Washington y Ottawa reclaman oficialmente el regreso del presidente Zelaya a sus funciones, pero también lo exhortan a no regresar a su país para no provocar enfrentamientos con los militares.
El primer ministro canadiense, Stephen Harper, recibe al presidente colombiano Álvaro Uribe: ¿Cómo condenar el golpe de Estado en Honduras apoyando a los golpistas?El 28 de junio pasado, Peter Kent, ministro de Relaciones Exteriores (para las Américas) del gobierno del Partido Conservador de Stephen Harper, hizo una declaración previa a la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), encuentro que se iba a celebrar un poco más tarde, aquel mismo día, a las 15 horas. El señor Kent declaró que «Canadá condena el golpe de Estado que tuvo lugar este fin de semana [28 de junio] en Honduras [1] y pide a todas las partes implicadas que den muestras de serenidad y que busquen una solución pacífica a la actual crisis, una solución que respete las normas democráticas y haga prevalecer el derecho, así como la Constitución hondureña.»
Al día siguiente (el 29 de junio), el National Post, importante diario canadiense de derecha, de circulación nacional, comentó favorablemente la declaración del gobierno, indicando que «[…] reflejaba la creciente oposición al golpe de Estado, pero sin nombrar al señor Zelaya ni exigir claramente su regreso al poder».
El 29 de junio, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente colombiano Álvaro Uribe –de visita en Estados Unidos–, el presidente Obama declaró que «[…] el golpe de Estado no es legal» y que «el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras, electo democráticamente». Esa declaración indica un cambio en la manera en que la política estadounidense enuncia la cuestión. Al día siguiente (el 30 de junio), los 192 Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas se reunieron para discutir el caso de Honduras y adoptaron unánimemente una resolución que exige «la restauración inmediata e incondicional del gobierno legítimo y constitucional del presidente de la República, señor José Manuel Zelaya Rosales».
Evidentemente, la delegación de Canadá votó de la misma manera que los otros 191 Estados miembros de la ONU. Una vez más, el National Post expresó lo que parecía ser su aprobación, en su edición del 30 de junio, al indicar que:
«La decisión de Canadá de unirse a los patrocinadores de las medidas adoptadas por la ONU representa una evolución de la posición [de Canadá] sobre el secuestro del señor Zelaya, el domingo, por las fuerzas armadas hondureñas […] Hasta el martes [30 de junio], Canadá había pedido la continuación del proceso democrático en Honduras, pero no sin llegar a exigir la reinstalación del señor Zelaya en el poder. Estados Unidos parecía haber adoptado una posición similar, hasta que el presidente americano Barack Obama afirmó el lunes [29 de junio] que Washington cree que el señor Zelaya ‘sigue siendo el presidente democráticamente electo […]’».
El 1º de julio, la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo a Canadá, resolvió unánimemente «condenar el golpe de Estado» y «reafirmar que el Presidente Zelaya es el presidente constitucional de Honduras y exigir que regrese a sus funciones constitucionales de forma inmediata, segura e incondicional» [2].
El 2 de julio, el National Post escribía lo siguiente: «Aunque Canadá imitó a Venezuela y otros países sudamericanos de izquierda al exigir la reinstalación del señor Zelaya en el poder, Peter Kent, el ministro de Relaciones Exteriores para las Américas, afirmó que Ottawa concentraba su apoyo principalmente en el trabajo de la OEA […] Todo hace pensar que algunos responsables en el seno del [actual] gobierno admitirán que realizaron un gesto inaceptable y que tienen que ponerse nuevamente del lado de la democracia […] Aunque el señor Kent dijo que la reinstalación del señor Zelaya tenía que ser incondicional, [también] indicó que su conducta antes de su secuestro tampoco había sido pasada por alto.» El diario cita entonces al señor Kent: «El [gobierno provisional] (Los corchetes en esta frase son del National Post. NdlR.) tiene primero que restablecer el orden democrático mediante la instauración del reino del derecho.
Después de cumplir con esa tarea, la población de Honduras y los miembros del gobierno [provisional] (Los corchetes en esta frase son del National Post. NdlR.) pueden tener la certeza de que la OEA los está vigilando y que está perfectamente conciente de las transgresiones que ha cometido cada una de las partes.’» Esta declaración representa un nuevo retroceso en relación con las resoluciones adoptadas por la ONU y la OEA, adoptadas ambas con la aprobación del gobierno canadiense, resoluciones que exigían esencialmente el regreso inmediato, seguro e incondicional del presidente Zelaya.
El 4 de julio, o sea el día antes del incidente del aeropuerto de Honduras que enfrentó al presidente Zelaya y el pueblo hondureño, por un lado, con el gobierno militar, Peter Kent, según un cable de Reuters, declaró en la asamblea de la OEA: «‘En las actuales condiciones no se puede garantizar en lo absoluto su seguridad a su llegada’». La CNN confirmó aquel estado de cosas el mismo 4 de julio al reportar que «el delegado canadiense en la asamblea de la OEA recomendó en la tarde del sábado [4 de julio] que el señor Zelaya no regrese inmediatamente al país debido a los peligros a los que pudiera verse expuesto».
Es evidente, en efecto, que, en las condiciones que prevalecían el 5 de julio, la llegada del presidente Zelaya al aeropuerto internacional de la capital hondureña hubiera sido peligrosa para él, para sus acompañantes y para las decenas de miles de simpatizantes que lo esperaban, debido al despliegue de las fuerzas armadas y a la represión militar. Pero, ¿qué uso hizo el gobierno canadiense de su influencia y su prestigio para ayudar a obligar al gobierno militar de facto a ceder? ¿Se unió Canadá a los países de Centroamérica y de Latinoamérica para garantizar la estricta aplicación de las resoluciones de la OEA [3] y de las Naciones Unidas [4]?
Recomendarle a Zelaya que se abstuviera de regresar a su país equivale a alentar casi directamente al régimen militar y a culpar al presidente Zelaya por la violencia o la carnicería que pudiesen derivarse de la aplicación de las resoluciones internacionales.
El 6 de julio, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ian Kelly, tuvo un encuentro con la prensa sobre Honduras y otros temas. Al referirse a Honduras en sus palabras iniciales, el señor Kelly declaró que «nuestro objetivo sigue siendo la restauración del orden democrático en Honduras». Un reportero no pudo evitar señalar que había en aquello algo muy nebuloso y ambiguo. Teniendo en cuenta que la definición estadounidense de la democracia, muy nebulosa, establece un doble rasero, un reportero hizo entonces una pregunta muy pertinente:
«¿Entienden ustedes? […] cuando ustedes dicen que desean la restauración del orden democrático, ¿han logrado ustedes entender lo que eso quiere decir?» El señor Kelly respondió: «Bueno, yo creo que eso significa –en el caso que nos ocupa actualmente–, eso significa el regreso del presidente electo democráticamente a Tegucigalpa [capital de Honduras].»
Si aquel reportero no hubiera planteado la interrogante, esa demanda clave de la población mundial no hubiese sido expresada de forma explícita, ni siquiera verbalmente. Otra de las cuestiones que los reporteros plantearon al señor Kelly tenían que ver con la ayuda que aporta Washington a Honduras y los vínculos los unen. La imprecisa respuesta no despejó la incógnita ya que, al ser interrogado sobre la cuestión, el señor Kelly respondió de forma evasiva diciendo que Estados Unidos seguía proporcionando parte de su ayuda mientras que otras partes habían sido interrumpidas o estaban en proceso de evaluación o de eliminación.
En cuanto a los vínculos entre el ejército estadounidense y el gobierno de facto, el señor Kelly respondió a las preguntas de los reporteros diciendo que «el SouthCom ha minimizado los contactos con el ejército hondureño». O sea, los contactos se mantienen. Sólo han sido «minimizado(s)», sin más precisión [5].
Pero las precisiones vinieron solas cuando los reporteros preguntaron sobre la base militar estadounidense de Soto Cano, en territorio hondureño. Un reportero preguntó: «¿Se ha hablado de permitir que el avión del señor Zelaya aterrice allí, en la base militar estadounidense?» Respuesta del señor Kelly: «[…] Esa base está bajo control de las autoridades hondureñas. No nos corresponde a nosotros conceder a nadie más el derecho de aterrizar allí.» ¡Muy conveniente!
Estados Unidos practica, desde hace décadas, una política exterior «de doble vía» en América latina: por un lado, intervención directa que incluso implica el uso de las fuerzas armadas, y por el otro, diplomacia y negociación «suaves», utilizadas estas últimas a la vez abiertamente y a puertas cerradas. El encuentro con la prensa del 6 de julio, anteriormente mencionado, demuestra de qué manera el actual gobierno de Washington utiliza al mismo tiempo la Vía 1 y la Vía 2.
Que el señor Kelly haya declarado el 6 de julio que el Departamento de Estado se reuniría el 7 de julio con el presidente Zelaya y no con el gobierno de facto, aunque un representante de éste último vendría posteriormente a Washington, es una buena noticia. Pero, como ya había sucedido anteriormente, ese compromiso no surgió hasta que uno de los reporteros planteó la cuestión.
Los pueblos esperan que el uso de la diplomacia en las negociaciones de Costa Rica –que tienen como mediador al presidente de Costa Rica y como madrina a Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadounidense– lleve a la solución de la crisis. Pero los instigadores del golpe de Estado siguen en el poder. Y siguen reprimiendo las manifestaciones populares [6] que se desarrollan actualmente en Honduras en todos los sectores populares de la sociedad y desde hace ya casi dos semanas, situación enteramente silenciada por los medios de prensa en países como Canadá, Francia y Estados Unidos [7].
En ese contexto, los comentarios del presidente venezolano Hugo Chávez resultan cada vez más pertinentes con cada minuto que pasa: «¿Por qué el gobierno estadounidense no adopta sanciones políticas y económicas contra los instigadores del golpe de Estado…?» Esa declaración tuvo lugar durante una conferencia de prensa desarrollada el 10 de julio en Caracas, según un reporte de Associated Press (AP).
Es evidente que existen contradicciones entre instituciones estadounidenses como la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA, el FBI, el Pentágono y la extrema derecha de la sur de la Florida (etc.), pero la política estadounidense ante Honduras, incluyendo lo sucedido desde el 28 de junio hasta el 11 de julio, corresponde precisamente la política de la «doble vía». Primero la Vía 1, o sea la implicación directa o indirecta en el golpe de Estado militar con un apoyo apenas disimulado del ejército. Y después la Vía 2, o sea el uso simultáneo de la discusiones y la diplomacia para «suavizar» la situación… Pero, ¿a quién beneficia todo eso?
Por un lado, se hacen ofrecimientos llenos de sabiduría sobre la restauración de la democracia y del presidente electo. Pero, por el otro lado, se pone prácticamente en condiciones de igualdad a los instigadores del golpe de Estado y al presidente secuestrado.
Los gobiernos canadienses fueron durante años voceros de la Vía 2, aunque hubo excepciones como el difunto primer ministro Pierre Elliot Trudeau, quien tendió sinceramente la mano a Cuba y a Latinoamérica durante su visita a Cuba, en 1976, reflejando así el sentir de la gran mayoría de la población de Québec y de los canadienses. Se supone que el compromiso y la diplomacia exenta de segundas intenciones deben prevalecer en Ottawa y que Canadá se distancie así de la brutal política estadounidense de intervención, que casi siempre ha prevalecido por sobre la Vía 2. La gran mayoría de los canadienses y de la población de Québec desprecian las políticas de intervención y de agresión. El actual gobierno canadiense forma parte de la corriente de derecha.
A pesar de ello, esa corriente no ofrece un terreno fértil a los neoconservadores que tratan de exacerbar las políticas de la Vía 1, como los exilados cubanos y venezolanos en el sur de la Florida. Lo más parecido a ellos sería el National Post, guardián del orden establecido, y la capa de dirigentes que ese diario representa. Sin embargo, como ya hemos visto anteriormente, al Partido Conservador y a la rama conservadora del círculo dirigente les cuesta trabajo adaptarse a seguir simultáneamente la Vía 1 y la Vía 2, como lo demuestra la cuestión de Honduras, aún cuando la política exterior cambie como un camaleón, de un día para otro.
Comparado con el gobierno conservador de Canadá, se supone que el gobierno de Obama sea de centroizquierda y que se oponga a las políticas de derecha de la época de Bush. Pero la Vía 1 y la Vía 2 son en esencia los dos flancos de una misma política basada en la dominación y el control, sólo se trata de saber cuál es la más eficaz, cuál de la dos es la que «funciona». Las dos Vías son útiles, tanto para los «conservadores» como para los «liberales», y ambas pueden fundirse de un momento a otro.
Una de las lecciones que tiene que aprender el gobierno canadiense, y en base a la cual tiene que actuar inmediatamente, consiste en reconocerse a sí mismo como responsable de haber infringido las resoluciones de la OEA y de la ONU. Los conservadores tienen que cambiar de posición en lo adelante, uniéndose a los vastos movimientos surgidos en Sudamérica. En el seno del parlamento, algunos políticos (como el Bloque Quebequense) ya se han pronunciado valiente y honorablemente en contra de la política que el gobierno canadiense está aplicando desde el 28 de junio en el caso de Honduras. No hay tiempo que perder.
Hay que obligar al gobierno hondureño de facto a retroceder inmediatamente y a que permita el regreso del presidente democráticamente a su país. Si al gobierno canadiense le preocupan tanto los peligros que esperan al presidente en caso de regresar a Honduras, la solución no es alejarlo sino más bien obligar a los usurpadores a abandonar el poder, según lo estipulado en las resoluciones y posiciones adoptadas en el plano internacional. Por mi parte, yo creo que el golpe de Estado en Honduras es una afrenta directa a los movimientos de soberanía y progreso de todos los pueblos latinoamericanos.
Los pueblos del mundo entero, y en particular los de Sudamérica, deben permanecer vigilantes y oponerse a la política imperialista de la doble vía de los países del norte. Durante los últimos 50 años, los pueblos de Sudamérica han creado sus propios conceptos de soberanía y democracia, lo que han tenido que pagar con luchas y sacrificios, y por lo tanto merecen el apoyo total de los pueblos de Norteamérica, así como de Europa.
La cuestión planteada el 10 de julio por Hugo Chávez desenmascara la hipocresía de la política de la doble vía: «¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no adopta sanciones políticas y económicas contra los instigadores del golpe de Estado…?»
Más tarde, ese mismo 10 de julio, Fidel Castro escribía en una de sus Reflexiones: «Zelaya sabe que no sólo está en juego la Constitución de Honduras, sino también el derecho de los pueblos de América Latina a elegir a sus gobernantes.»
Notas:
[1] Sobre el golpe de Estado en Honduras, ver: «Le SouthCom prend le pouvoir dans un État membre de l’ALBA», por Thierry Meyssan; y Honduras: «Les "intérêts USA" encore aux mains des militaires de la Joint Task Force Bravo», por Manlio Dinucci, Réseau Voltaire, 29 de junio de 2009.
[2] «No cambió la OEA, sino América Latina», por Néstor Núñez, Red Voltaire, 4 de junio de 2009.
[3] «Résolution de l’OEA relative à la suspension du Honduras», Réseau Voltaire, 4 de julio de 2009.
[4] «Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU sur la situation au Honduras», Réseau Voltaire, 30 de junio de 2009.
[5] «El primer golpe de Estado de Obama», por Eva Golinger, Red Voltaire, 28 de junio de 2009.
[6] Sobre la dimensión social del golpe de Estado y su ocultamiento por parte de los medios de prensa, ver los dos artículos de Nikolas Kozloff: «The Coup in Honduras» y «Spinning the Honduran Coup», Voltaire Network, 29 de junio y 5 de julio de 2009.
[7] «Miles salen a las calles a condenar golpe de Estado en Honduras», Red Voltaire, 28 de junio de 2009.
Arnold August
Autor/periodista/conferencista especializado en Cuba. Libro Democracy in Cuba and the 1997-98 Elections Capítulo titulado: “Socialism and Elections” en Cuban Socialism in a New Century: Adversity, Survival and Renewal (University Press of Florida 2004, editado por los profesores Max Azicri y Elsie Deal. Próximo libro Cuba: Democracia Participativa y Elecciones en el Siglo XXI (español, inglés, y francés en otoño 2010). Miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).
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