18 de diciembre de 2009
El gobierno boliviano recuperó 3.000 hectáreas de tierra propiedad de un banquero, latifundista, político y dueño del canal de televisión Unitel -principal medio opositor
El viceministro boliviano de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que se restituyeron a favor del Estado dos propiedades del empresario Oswaldo Monasterios Nieve, porque sus trámites para adjudicarse la propiedad "fueron fraudulentos".
Monasterios fue militante del derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Es dueño del Banco Ganadero, de grandes extensiones de tierra y principal accionista de la televisora Unitel, medio que asumió la oposición a la gestión del gobierno izquierdista de Evo Morales.
El presidente en ejercicio de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) informó que el empresario agropecuario, Monasterios, cuenta con más de 56.000 hectáreas de tierras en todo el territorio nacional, distribuidas en 13 predios.
Se trata de los predios Monterrey, de más de 10.000 hectáreas y dotado en 1990; El Ensueño, de 500 hectáreas (1972); Curupasu, de 2.482 hectáreas (1991), y El Totaí, de 496 hectáreas (1990).
"En el saneamiento reciente, el INRA detectó otras haciendas anotadas a nombre de Monasterios, tales como El Encanto y La Encrucijada, en el anillo de 2.200 hectáreas que circunda al cerro Mutún, uno de los mayores emplazamientos de hierro en el mundo, con 40.000 millones de toneladas de hierro en el extremo oriente de Bolivia, en la frontera con Brasil", sostuvo.
La Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de enero y promulgada en febrero, definió que arriba de 5.000 hectáreas son consideradas latifundio, y está prohibido en Bolivia.
Además, se decidió fortalecer el proceso de saneamiento de tierra y la verificación de su función económica social, que consiste en que las grandes extensiones deben justificar su actividad.
El viceministro boliviano anunció que se abrirá un proceso ante el Tribunal Agrario de Bolivia para la recuperación de todas las tierras y para su distribución en favor de comunidades indígenas sin tierra.
Las dos propiedades, una de 2.500 hectáreas y otra de 500, se hallan en el rico departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, cerca del fabuloso reservorio de hierro Mutún, en la frontera boliviano-brasileña.
Hace una semana, el Tribunal Agrario expropió legalmente 12.500 hectáreas de tierras de manos de familiares del líder opositor de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y el gobierno procedió a su inmediata redistribución a aborígenes pobres del lugar.
En el caso de Marinkovic, el Poder Ejecutivo argumentó que los territorios agrícolas forman parte de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), de los originarios guarayos de Santa Cruz, la que goza de la protección del Estado boliviano.
Empresarios y líderes civiles de Santa Cruz, feudo opositor y la región más próspera de Bolivia, anunciaron que tomarán acciones para frenar -según ellos- las tomas de tierras.
Líderes políticos de derecha y productores han declarado emergencia ante esta arremetida legal del gobierno boliviano, que busca legalizar la tierra y dotarla a los que la poseen para que sea trabajada de manera sostenida.
El senador del frente opositor Podemos, Walter Guiteras, dijo que estas acciones son una "venganza" del gobierno, que no sólo se ensaña con los actores políticos (en alusión a la persecución contra Manfred Reyes Villa y los diputados Pablo Banegas y Bernardo Montenegro), sino también contra los empresarios privados, con la reversión de tierras.
"La actitud del gobierno es sembrar la política del terror y del miedo. Por eso es necesario que los bolivianos que no compartimos esta forma violenta de hacer política nos unamos para evitar más violaciones al debido proceso", dijo el legislador de la derecha.
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