El dilema boliviano

5 de mayo de 2009
Néstor Núñez (AIN, especial para ARGENPRESS.info)

A pesar de que en diciembre Bolivia tendrá nuevas elecciones generales, los observadores hacen notar por estos días cómo las organizaciones opositoras al gobierno de Evo Morales, y sobre todo los separatistas del departamento de Santa Cruz, tienen otras preocupaciones más alarmantes que la propia continuidad del gobierno popular.

Desde que hace apenas unos días las autoridades lograron desarticular a una banda de matones internacionales la cual preparaba un atentado contra la vida del primer presidente indígena de la nación, la alarma es inusitada entre los sectores de derecha.

El jefe del frustrado comando, el mercenario boliviano Eduardo Rozsa Flores, también con nacionalidades húngara y croata, y muerto en el enfrentamiento con la policía, había declarado tiempo antes que retornaría a Santa Cruz llamado por los dirigentes regionales para “defender” la causa separatista.

Esta revelación, más las aparecidas en el curso de las investigaciones, apuntan directamente contra la poderosa Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz como el eje promotor de la acción mercenaria contra las autoridades de La Paz, mediante el uso de asesinos extranjeros.

De hecho Rozsa Flores fue abatido junto al irlandés Michael Dwyer y el rumano-húngaro Arpad Magyarosi, en tanto el húngaro-croata Elot Toazo, y el boliviano Mario Tadic, se encuentran detenidos por tomar parte en el complot.

El proyectado magnicidio tiene sus raíces bien nacionales y ligadas a aquellos grupos que aún hoy, en medio de su odio visceral a la causa popular y entrampados en su criminalidad, ni siquiera han podido concretar una candidatura para los comicios del último mes del año.

Por lo pronto las indagaciones siguen su curso y prometen nuevos datos sobre complicidades y artimañas de los grupos oligárquicos, al tiempo que Evo Morales, en trascendente y honorable gesto político, propuso a todas las fuerzas políticas sin excepción la firma de un pacto nacional antiterrorista comprometiéndolas a no acudir a la violencia para dirimir sus diferencias.

Queda pendiente, además, la solicitud reiterada por las organizaciones sociales bolivianas para que se proceda a la inmediata confiscación de los bienes de aquellos personajes de probada participación en la fracasada conjura.