¿Lucha contra el fraude fiscal o reorganización del sistema financiero internacional?

Jean-Claude Paye
Diagonal
06-04-2009

Jean-Claude Paye, autor de El final del Estado de derecho, Hiru, y de Global War on Liberty, Telos Press. Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos


La lucha contra el fraude fiscal parece ser actualmente el centro de las intervenciones de EE UU, del G-20 y de la UE.

El 2 de febrero, la Comisión presentó dos nuevas propuestas de Directiva que tienen el objetivo de mejorar la asistencia mutua entre las autoridades fiscales de los Estados miembro. Si se adoptan estos proyectos, los Estados miembro ya no podrán invocar el secreto bancario para rechazar las demandas de cooperación en materia fiscal. Estas reglas internas de la UE afectarían igualmente a Suiza.El control de los mercados financieros está también en el orden del día del G-20 de los países más importantes, industrializados o emergentes, que se celebra el 2 de abril en Londres. El primer ministro británico, Gordon Brown, que preside esta cumbre, ha apelado a una “acción mundial contra los paraísos fiscales”.El hecho de que, de los 31 paraísos fiscales contabilizados por la OCDE, nueve estén en territorio británico y 14 en ex colonias de la corona demuestra que la lucha contra el fraude fiscal no puede ser el verdadero objetivo de esta cumbre. Las cosas empiezan a perfilarse cuando se sabe que Suiza, uno de los principales centros financieros del mundo, no ha sido invitada a esta cumbre. De hecho, se trata de una reorganización del sistema financiero internacional, cuyos platos rotos ella puede acabar pagando. Esto ya ha quedado claramente demostrado con el asunto UBS. La acción de la Administración estadounidense contra este banco helvético en realidad es una utilización de una operación contra la evasión fiscal de sus ciudadanos para modificar en beneficio de la Administración estadounidense las reglas del funcionamiento del sistema bancario a nivel mundial.En un primer momento, el 18 de febrero, el banco suizo UBS aceptó, a pesar del derecho helvético, entregar a la justicia estadounidense el nombre de unos 250 clientes a los que había ayudado a evitar el fisco estadounidense. También aceptó pagar 780.000 millones de dólares de multas. La Administración estadounidense habría podido obtener esta lista respetando el procedimiento suizo y el acuerdo firmado previamente entre Suiza y EE UU.¿Cuestión de soberanía? Para encubrir este procedimiento, la autoridad suiza de vigilancia de los bancos, la FINMA, utilizó un artículo de ley previsto para situaciones en que un banco está amenazado de quiebra. Se trataba de saltarse la vía judicial normal y de entregar, sin esperar, los nombres de los clientes. El problema era o bien entregar los datos o bien arriesgarse a una denuncia penal del Departamento de Justicia estadounidense, teniendo en cuenta que en el pasado prácticamente ninguna empresa había sobrevivido a una denuncia del Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, la justicia estadounidense ha vuelto a la carga, a pesar de que los datos habían sido entregados.Ahora exige que UBS entregue al fiscal la identidad de unos 52.000 clientes estadounidenses titulares de “cuentas secretas e ilegales”. Las cuentas incriminadas representan un total aproximado de 14.800 millones de dólares. Estas exigencias se basan en una denuncia presentada por la Administración estadounidense en el tribunal civil de Miami.El 20 de febrero, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza comunicó su decisión de prohibir la transmisión de los datos bancarios de los clientes de UBS a las autoridades estadounidenses. A pesar de todo, ya se han entregado los datos de los 250 clientes de UBS.El abogado de la empresa en Washington, George Clarke, piensa que “sin duda el fiscal estadounidense ya conocía esta lista de clientes”. Se puede suponer que los estadounidenses hacen que se les entregue una lista de nombres que ya tienen. El objetivo es menos el establecimiento de procedimientos fiscales que obligar tanto al banco UBS como a las autoridades de regulación suizas a violar su propia legalidad. Se trata, pues, de un auténtico acto de soberanía internacional en la medida en que EE UU tiene capacidad de imponer una decisión que viola el marco legal en el que ella se inscribe.Tanto la respuesta positiva de UBS como su legitimación por parte de las autoridades de control suizas sitúan a la Administración estadounidense en una posición que le permite formular nuevas exigencias, de nuevo fuera de toda legalidad. Así, la soberanía estadounidense se define no sólo como capacidad de imponer la excepción, sino de imponer un Estado de excepción permanente. Esta manera de proceder recuerda a la forma en que EE UU obtuvo de las autoridades europeas tanto la transferencia de los datos de los pasajeros aéreos como las informaciones financieras sobre ciudadanos de la UE. En primer lugar, EE UU planteó un acto de pura fuerza, de toma de las informaciones personales violando el derecho europeo. Más tarde varios acuerdos firmados con la UE legitimaron esta acción.El hecho de que la Administración estadounidense disponga (a través del servidor [informático] de la sociedad Swift situado en territorio estadounidense) del conjunto de las informaciones relativas a las transacciones financieras internacionales permite suponer que, en su mayor parte, ya tiene los datos reclamados a USB de los 52.000 defraudadores del fisco estadounidense. Recordemos también que gracias a Remotegate las autoridades estadounidenses disponen de una entrada especial que les permite vigilar los intercambio entre bancos internos de Suiza.El sistema de cifrado que utiliza el banco tampoco podría resistir a las investigaciones de la NSA, la agencia de espionaje estadounidense que está particularmente especializada en esta materia. Tampoco podría el lenguaje codificado utilizado por los gerentes de UBS (‘naranja’, por euro; ‘verde’, por dólar; ‘cisne’, que significa un millón, y ‘nuez’, 250.000) engañar a un investigador.En sus últimas exigencias, lo esencial para las autoridades estadounidenses es hacer que se les entreguen también las informaciones, lo cual es una violación de los procedimientos jurídicos suizos. Se trata de hacer que este Estado abandone sus prerrogativas de regalía para cedérselas a la Administración estadounidense. Además, el Consejo Federal de Suiza reaccionó en términos de soberanía el pasado domingo 22 de febrero protestando contra las amenazas estadounidenses de medidas unilaterales y anulando su participación en una audición en el senado estadounidense en relación a las cuestiones fiscales y al asunto UBS.Esta nueva soberanía estadounidense se inscribe en una reorganización del sistema financiero internacional que a través de la lucha contra el fraude fiscal distingue los ‘paraísos fiscales’ (a los que pertenece Suiza) de los centros ‘offshore’, como, por ejemplo, los centros financieros de las islas del Caribe. Completamente controlados por las autoridades estadounidenses, estos últimos podrían conservar todas sus actividades en detrimento de sus competidores a los que se ha clasificado negativamente.EE UU y su satélite de las islas del Caribe controlan un mercado de ‘dinero gris’ casi igual al de Suiza, puesto que ocupan una segunda posición, después de Suiza, en materia de gestión de las ‘fortunas transfronterizas’. Suiza, que sigue manteniendo una tercera parte del mercado del ahorro mundial administrado fuera del país de residencia, podría ceder rápidamente el terreno a su principal competidor tras esta ofensiva estadounidense.

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