Bélgica, tercer proceso de apelación en el caso DHKPC
por Jean-Claude Paye*
Un interminable proceso judicial emprendido por Bélgica contra un admirador del partido marxista-leninista turco del DHKP llegó a su fin. En terceras instancias gana el gobierno belga y todos aquellos partidarios de la manipuladora doctrina de la Guerra Global al Terrorismo, que aprovechan de estos miedos para cuestionar la libertatd de expresión y sobre todo para diabolizar y criminalizar cualquier vínculo o idea intelectual con los grupos de radicales.
Para el sociólogo belga Jean-Claude Paye este juicio ha servido de test.
En las disposiciones antiterroristas se ha desarrollado dos vías paralelas para atacar las libertades individuales y colectivas: la ley y la jurisprudencia. Los países anglosajones han privilegiado la inscripción directa en la ley desarrollando nuevas incriminaciones, como la de incitación directa al terrorismo que en Gran Bretaña permite criminalizar cualquier toma de postura política que critique la política exterior del gobierno inglés o de una potencia extranjera aliada. Aparte del Estado español, que dispone de la incriminación de « apología del terrorismo », los países europeos continentales actúan primero por medio de la jurisprudencia. Es sobre todo el caso de países que, como Bélgica, disponen desde hace pocos años de una ley antiterrorista. Sin embargo, aunque es menos visible este procedimiento puede llegar rápidamente a un resultado parecido, como nos lo demuestran los procesos que han tenido lugar en Bélgica en el marco del caso DHKPC.
El pasado 25 de mayo se abrió en Bruselas el tercer proceso de apelación entablado contra personas vinculadas al DHKPC, una organización política de oposición radical al gobierno turco. Se trata de la última fase de un proceso que ha tenido muchos giros: ya se han pronunciado tres veredictos y dos fallos del Tribunal Supremo en relación a este caso. Sin embargo, ahora se encuentra en una fase decisiva en la que si los acusados son condenados permitiría instalar una jurisprudencia que autorizaría una utilización directamente política de la ley antiterrorista. Esto permitiría punir cualquier acto de solidaridad o de empatía con movimientos nacionales o extranjeros que fueran considerados terroristas.
Este proceso se cerró en primer lugar el 28 de febrero de 2006 con una primera condena dictada por el Tribunal Correccional de Brujas a penas que iban de cuatro años a seis meses de prisión por pertenencia a una organización terrorista. El Tribunal de Apelación de Gante agravó estas penas en noviembre de 2006.
A continuación, el Tribunal Supremo anuló estos veredictos el 19 de abril de 2007. El tribunal criticó el hecho de que en primera instancia un juez hubiera sido desplazado especialmente de su circunscripción, lo que creaba de hecho una jurisdicción especial. El fallo del Tribunal Supremo se puede interpretar como una oposición a este desvío de la legalidad. Este fallo provocó un segundo fallo de apelación en Amberes que el 7 de febrero de 2008 absolvió a los acusados de toda participación tanto en una organización terrorista como en una organización criminal. En este fallo los magistrados afirmaron no haber basado su veredicto en el contexto político o internacional, sino sólo en los hechos imputados a los acusados. Así, en lo que concierne a los absueltos, los magistrados consideraron que en lo esencial sus acciones no se había excedido en su derecho de reunión, opinión o de expresión.
El Ministerio Fiscal federal, que se oponía a este veredicto, recurrió al Tribunal Supremo argumentando que el texto legislativo no exige en modo alguno que los acusados estén implicados personalmente en la comisión de los delitos para ser sancionados penalmente, porque el solo hecho de pertenecer a una asociación incriminada basta para ser condenado.
El 24 de junio de 2008 el Tribunal Supremo siguió esta argumentación y emitió el segundo fallo en apelación. Por consiguiente, se tendrá que emitir un tercer fallo en apelación. Éste es el proceso que se acaba de iniciar en el Tribunal de Apelación de Bruselas.
Los diferentes giros de este proceso demuestran que las legislaciones antiterroristas dejan al juez un margen de interpretación muy importante. Se trata de un derecho subjetivo a través del cual los mismos hechos generan veredictos opuestos.
¿Qué jurisprudencia se establecería si estas personas fueran condenadas por “apoyo” a una organización terrorista? Éste es el reto fundamental que plantea este proceso.
Los dos veredictos que ya los han condenado entiende por “apoyo” el simple hecho de traducir o de dar al conocer al público un comunicado de la organización incriminada. De hecho, todo aquello que dé la palabra o dé a conocer el punto de vista de ésta es considerado apoyo. La traducción y la lectura de comunicados de una organización considerada terrorista equivale a hacer apología de ella. La persona acusada no podrá invocar en su defensa el carácter legal de sus actividades.
Para estos tribunales, todo discurso sobre las acciones de la organización es una publicidad que le es necesaria para proseguir con sus actos violentos. Así, el primer fallo en apelación estipulaba que incluso dar una explicación, sin que se trate de una reivindicación, en relación a una “organización terrorista” constituye un hecho punible y que los individuos que se distancien de la doctrina de esta estructura deben ser considerados socialmente peligrosos y encerrados.
Las leyes antiterroristas son leyes marco que van a depender de la interpretación que se haga de ellas. Están redactadas para poder atacar a los movimientos sociales y a toda forma de resistencia, armada o no, a un régimen de opresión en cualquier parte del mundo. Los parlamentarios han querido evitar formalmente semejante utilización. Han añadido al proyecto inicial de la ley antiterrorista un artículo que estipula que “ninguna disposición de este título puede ser interpretada como dirigida a reducir o dificultar derechos o libertades fundamentales como el derecho a la huelga, la libertad de reunión, de asociación o de expresión”. El segundo fallo en apelación, el que libera a los acusado, recordó la existencia de este artículo. A pesar de ello, el Tribunal Supremo ha seguido al fiscal en una lectura de la ley opuesta a estos principios. En este caso se trata de una interpretación que niega todo valor a lo que se nos había presentado como una garantía contra la utilización liberticida de la ley.
Así, la jurisprudencia va a desempeñar un papel primordial. Para el gobierno se trata de unificarla en el sentido deseado, a saber, poder criminalizar toda forma de resistencia. Se trata de hacer inscribir en los considerandos de los fallos pronunciados unas consideraciones que en los hechos crearán nuevas incriminaciones que existen ya en los textos de ley de otros países europeos, como las de “apología” o “apoyo indirecto” al terrorismo, unas incriminaciones que se distancian cada vez más de la comisión de un acto delictivo. Una persona se convierte en terrorista simplemente porque es nombrada como tal. Frente a esta orientación liberticida una parte del aparato judicial de nuestro país ha recordado la primacía de las libertades fundamentales. ¿Confirmará el Tribunal Supremo esta exigencia o, por el contrario, condenando al los inculpados va a inscribir a Bélgica en un Estado de no derecho?
Jean-Claude Paye
Jean-Claude Paye es sociólogo. Últimas obras publicadas: Global War on Liberty, Telos Press, 2007; El Final Del Estado De Derecho: La Lucha Antiterrorista: Del Estado De Excepción A La Dictadura, Argitaletxea Hiru, 2008.
martes, 14 de julio de 2009
Una jurisprudencia de excepción: Todo el que se m ueva es terrorista
La doctrina Obama Colonizando Iraq
14-07-2009
Tom Dispatch
Michael Schwartz
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Introducción del editor de Tom Dispatch
Una de las primeras metáforas que el presidente George W. Bush y algunos de sus máximos funcionarios utilizaron en los primeros días inexpertos después de la invasión en Iraq, tuvo que ver con bicicletas. La pregunta era: ¿Le sacamos las “rueditas de aprendizaje” a la bicicleta iraquí (de la democracia)? El entonces secretario de defensa Donald Rumsfeld, por ejemplo comentó con aire de suficiencia que la manera de “enderezar” a Iraq era como enseñar a tu niño a andar en bicicleta:
“Están aprendiendo, y vas corriendo por la calle tocando la parte trasera del asiento. Sabes que se podría caer si sacas la mano, así que sacas un dedo y luego dos dedos, y pronto apenas lo tocas. No puedes saber al ir corriendo por la calle cuántos pasos tendrás que dar. No podemos saberlo, pero empezamos bien.”
Esa imagen (condescendiente como la que más) del pequeño niño iraquí que va pedaleando con un padre estadounidense corriendo detrás, fue abandonada cuando resultó que al dar vuelta a la primera esquina lo esperaba un insurgente con una granada propulsada por cohete. Muchos años y muchos desastres después, sin embargo, los estadounidenses, sea en el gobierno de Obama, en la expertocracia de Washington, o en los medios todavía tienen problemas para no ser condescendientes cuando se trata de Iraq. Tomemos un ejemplo reciente de “análisis de noticias” en el New York Times de una periodista perfectamente perspicaz, Alissa J. Rubin. Llevaba el título impreso “El nuevo papel de EE.UU. en Iraq lleva a una búsqueda de medios de influencia” y se concentraba, en parte, en el reciente viaje del vicepresidente Joe Biden a ese país, supuestamente para “apaciguar” sentimientos iraquíes de que son “colocados en el último lugar.”
Rubin escribe (y algo semejante ha sido escrito innumerables veces) que los estadounidenses buscan ahora un “nuevo tono” en sus tratos en ese país. (En los años de Bush, lo llamaban a menudo – en otra extraña metáfora imperial – “poner una cara iraquí” a las cosas.) “Tienen,” comenta, “la reputación de ser torpes, de decir a los iraquíes lo que deben hacer en lugar de preguntarles lo que quieren.” Pero, por supuesto, como deja en claro el artículo, sea cual sea su tono, Biden llegó a Iraq a decir a los iraquíes lo que deben hacer – o cómo ella lo dice, para tratar de “resolver” los “problemas… que frustraron a tres previos embajadores y al presidente
George W. Bush": las continuas animosidades sectarias, la aprobación de una ley petrolera iraquí, y el problema kurdo.
Estos problemas, parecen seguir siendo nuestro lastre y realmente no puedo imaginarlo de algún modo diferente. Como dejan en claro los iraquíes citados en el artículo de Rubin, los ocupados – especialmente la elite – resienten el papel dominante jugado por EE.UU., sienten desprecio por los ocupantes, incluso si les cuesta imaginar la vida sin ellos.
Lo menciono sólo porque el tono de la escritura y del pensamiento estadounidense sobre Iraq siempre ha sido matizado con lo que según Michael Schwartz, colaborador regular de TomDispatch y autor de un excelente estudio: “War Without End: The Iraq War in Context,” [Guerra sin fin: la guerra de Iraq en contexto] es un profundo deseo colonial, que por desgracia podría no estarse desvaneciendo, incluso cuando aumenta la discusión sobre una retirada militar de EE.UU. de Iraq. Tom
Colonizando Iraq
La doctrina Obama
Michael Schwartz
Los periodistas Steven Lee Myers y Marc Santora del New York Times describieron la tan pregonada retirada estadounidense de ciudades de Iraq de la semana pasada:
“Gran parte del complicado trabajo de desmantelar y remover millones de dólares de equipamiento de los puestos avanzados de combate en la ciudad fue hecho en medio de la noche. El general Ray Odierno, el comandante estadounidense de todo Iraq, ordenó que una cantidad creciente de operaciones básicas – convoyes de transporte y de reabastecimiento, por ejemplo – se realicen de noche, cuando menos iraquíes vean que la retirada estadounidense no es total.”
Actuar en medio de la noche, en los hechos, parece captar de un modo particularmente impactante la naturaleza de los planes estadounidenses para Iraq. La semana pasada, a pesar de la muerte de Michael Jackson, Iraq volvió a las noticias de la televisión mientras los iraquíes celebraban una altamente publicitada retirada militar estadounidense de sus ciudades. Hubo fuegos artificiales, algunos iraquíes se reunieron para bailar y vitorear; la primera parada militar desde los días de Sadam Hussein (en la fortificada Zona Verde, ya que las calles ordinarias son demasiado peligrosas para cosas semejantes); EE.UU. entregó numerosas pequeñas bases y puestos avanzados; y el primer ministro Nouri al-Maliki proclamó un día festivo nacional – “día de la soberanía,” lo llamó.
Todo esto se ajusta a un guión presentado de modo promisor por el presidente Barack Obama en su campaña presidencial de 2008. Más recientemente, en su muy elogiado discurso a los estudiantes de la Universidad de el Cairo en Egipto, prometió que EE.UU. no mantendría bases en Iraq, y ciertamente retiraría sus fuerzas militares del país para fines de 2011.
Por desgracia, no sólo para los iraquíes, sino para el público estadounidense, lo que cuenta es lo que está sucediendo “a oscuras” – más allá del brillo de las luces y de las cámaras de televisión. Aunque muchos críticos de la Guerra de Iraq han estado dispuestos a darle algo de cuerda al gobierno de Obama mientras su equipo de política exterior y los militares de EE.UU. se preparan para esa retirada definitiva, parece estar ocurriendo algo distinto – algo más inquietante.
Y no fue sólo que el presidente se haya andado con rodeos sobre la retirada de tropas estadounidenses “de combate” de Iraq, ampliada ahora de 16 a 19 meses, – que, en todo caso, representan sólo un tercio de los 130.000 soldados de EE.UU. que permanecen en el país. Tampoco fue el re-etiquetamiento de algunos de ellos como “asesores” para que pudieran, en los hechos, quedarse en las ciudades evacuadas, o el rediseño de las líneas fronterizas de la capital iraquí, Bagdad, para excluir a un par de bases esenciales que los estadounidenses no estaban dispuestos a abandonar.
Después de todo, no puede caber duda de que la política del gobierno de Obama es ciertamente reducir lo que el Pentágono podría llamar la “huella” militar de EE.UU. en Iraq. Para decirlo de otro modo, los principales funcionarios de Obama parecen optar, no por el torpe militarismo al estilo de Bush, sino por lo que podría ser considerado como un empuje administrativo en Iraq, que el vicepresidente Joe Biden ha llamado “un programa mucho más agresivo frente al gobierno iraquí para impulsarlo a la reconciliación política.”
Un alto funcionario anónimo del Departamento de Estado describió como sigue esta nueva política de “la oscuridad de la noche” a la reportera del Christian Science Monitor Jane Arraf: “Uno de los desafíos de esa nueva relación es cómo EE.UU. podrá seguir teniendo influencia en decisiones cruciales sin que se note que lo hace.”
Sin que se note que lo hace. En esto el general Odierno y el funcionario anónimo están de acuerdo. Y también, parece, Washington. Como resultado, lo esencial que se puede decir sobre la planificación militar y civil del gobierno de Obama hasta ahora es lo siguiente: olvida los titulares, los fuegos artificiales, y las multitudes alborozadas de iraquíes en tu pantalla de televisión. Deja de lado por el momento toda esa habla de retirada y – si echas una mirada de cerca, dejando que tus ojos se ajusten a la oscuridad – lo que ves vagamente es la silueta de una nueva postura estadounidense en Iraq. Piensa en ella como Doctrina Obama. Y lo que no ves es algo que se parezca a la postura de una potencia ocupante que se prepara para cerrar el negocio y partir a casa.
A medida que tus ojos se acostumbren a la oscuridad, comenzarás a identificar un esfuerzo creciente para asegurar que Iraq siga siendo un Estado cliente de EE.UU., o, como lo describió el general Odierno a la prensa el 30 de junio: “un socio a largo plazo de EE.UU. en Oriente Próximo.” Queda por ver si el equipo nacional de seguridad de Obama tendrá éxito en lograrlo, pero, a primera vista, lo que aparece en el centro de atención parece ser algo que no deja de ser familiar para estudiantes de historia. En otro tiempo, solía tener un nombre: colonialismo.
Colonialismo en Iraq
El colonialismo tradicional se caracterizaba por tres rasgos: la toma de decisiones en última instancia estaba en manos del poder ocupante en lugar del gobierno cliente indígena; el personal de la administración colonial estaba gobernado por leyes e instituciones diferentes que la población colonial; y la economía política local estaba conformada para servir los intereses de la potencia ocupante. Todos los rasgos del colonialismo colonial se conformaron en los años de Bush en Iraq y ahora, por lo visto, sigue siendo lo mismo, en algunos casos incluso con más fuerza, en los primeros meses de la era de Obama.
La embajada de EE.UU. en Iraq, construida por el gobierno de Bush con unos 740 millones de dólares, es de lejos la mayor del mundo. Está poblada ahora por más de 1.000 administradores, técnicos y profesionales – diplomáticos, militares, de inteligencia, y otros – por más que se refieran a todos, aunque sea con un eufemismo, como “diplomáticos” en declaraciones oficiales y en los medios. Ese nivel de personal – 1.000 administradores para un país de unos 30 millones – es mucho más que la norma clásica de control imperial. A comienzos del Siglo XX, por ejemplo, Gran Bretaña utilizó menos funcionarios para gobernar a una población de 300 millones en el Raj Indio.
Una semejante concentración de burocracia extranjera en un centro de comando regional tan gigante – y por el momento no se ve ninguna reducción o retirada en su caso – ciertamente muestra un propósito imperial más amplio de Washington: tener a mano suficiente poder laboral administrativo para asegurar que los asesores estadounidenses permanezcan significativamente arraigados en el proceso de toma de decisiones políticas iraquí, en sus fuerzas armadas, y en los ministerios clave de su economía (dominada por el petróleo).
Desde los primeros momentos de la ocupación de Iraq, ha habido funcionarios estadounidenses sentados en las oficinas de políticos y burócratas iraquíes, dando líneas directivas, entrenando a los responsables de decisiones, y mediando en disputas internas. Como consecuencia, los estadounidenses han estado virtualmente involucrados, directa o indirectamente, en toda toma de decisiones significativas del gobierno.
En un reciente artículo, por ejemplo, el New York Times dice que funcionarios de EE.UU. “cabildean silenciosamente” para eliminar un referéndum nacional obligatorio sobre el Acuerdo del Estatus de las Fuerzas (SOFA) negociado entre EE.UU. e Iraq – un referéndum que, si es derrotado, obligaría por lo menos en teoría a la retirada inmediata del país de todas las tropas de EE.UU. En otro artículo, el Times informó que funcionarios de la embajada “han intervenido a menudo para mediar entre bloques enfrentados” en el parlamento iraquí. En otro, el periódico militar Stars and Stripes mencionó de pasada que un funcionario de la embajada “asesora a los iraquíes en el manejo del aeropuerto de un valor de 100 millones de dólares” que acaba de ser terminado en Najaf. Y así van las cosas.
Vida segregada
La mayoría de los regímenes coloniales establecen sistemas en los cuales los extranjeros involucrados en tareas de ocupación son servidos (y disciplinados) por una estructura institucional separada de la que gobierna a la población indígena. En Iraq, EE.UU. ha estado estableciendo una tal estructura desde 2003, y el gobierno de Obama muestra todos los signos de estarla ampliando.
Como en todas las embajadas del mundo, los funcionarios de la embajada de EE.UU. no están sujetos a las leyes del país anfitrión. La diferencia es que, en Iraq, no se dedican simplemente a sellar visas y cosas semejantes, sino están ocupados en proyectos cruciales que los involucran en la miríada de aspectos de la vida diaria y del gobierno, aunque como una casta esencialmente separada de la sociedad iraquí. El personal militar forma parte de esa estructura segregada: el recientemente firmado SOFA asegura que los soldados estadounidenses seguirán siendo virtualmente intocables por la ley iraquí, incluso si matan a civiles inocentes.
Versiones de esta inmunidad se extienden a todos los que están asociados con la ocupación. Contratistas privados de seguridad, de la construcción y comerciales empleados por las fuerzas de ocupación no están protegidos por el acuerdo SOFA, pero a pesar de ello están protegidos contra las leyes y regulaciones que aplicadas a residentes iraquíes normales. Como dijo un funcionario del FBI basado en Iraq al New York Times, las obligaciones de los contratistas son definidos por “nuevos acuerdos entre Iraq y EE.UU. que regulan el estatus legal de contratistas.” En un caso reciente en el cual cinco empleados de un contratista de EE.UU. fueron acusados del asesinato de otro contratista, el caso fue investigado conjuntamente por la policía iraquí y “representantes locales del FBI,” y la jurisdicción final fue negociada por funcionarios iraquíes y de la embajada de EE.UU. El FBI ha establecido una presencia importante en Iraq para implementar esos “nuevos arreglos.”
El trato especial se extiende a empresas que se ocupan de los miles de millones de dólares gastados mensualmente en Iraq en contratos de EE.UU. La responsabilidad primordial de un contratista es seguir “líneas directivas que los militares de EE.UU. entregaron en 2006.” En todo esto, la ley iraquí tiene un papel claramente secundario. En un caso que aparentemente es típico, un contratista kuwaití contratado para alimentar a soldados estadounidenses fue acusado de encarcelar a sus trabajadores extranjeros y luego, cuando protestaron, los envió a casa sin paga. El caso fue tratado por funcionarios estadounidenses, no por el gobierno iraquí.
Más allá de esta segregación legal, EE.UU. también ha estado erigiendo una infraestructura segregada dentro de Iraq. La mayoría de las embajadas y bases militares del mundo se basan en el país anfitrión para alimentación, electricidad, agua, comunicaciones y suministros diarios. No así la embajada de EE.UU. o las cinco principales bases que están en el centro de la presencia militar estadounidense en ese país. Todas tienen sus propios sistemas de generación de electricidad y de purificación de agua, sus propias comunicaciones dedicadas, y alimentos importados del exterior del país. Ninguna, naturalmente, sirve cocina iraquí autóctona; la embajada importa ingredientes para restaurantes estadounidenses relativamente sofisticados, y las bases militares ofrecen comida rápida estadounidense y comida de restaurantes en cadena.
EE.UU. incluso ha creado los rudimentos de su propio sistema de transporte. Los iraquíes son demorados a menudo cuando viajan dentro de, o entre ciudades, por un laberinto de puntos de control creados por la ocupación (y que ahora a menudo tienen personal iraquí), barreras de hormigón y calles y carreteras destruidas por las bombas; por otra parte, los soldados y oficiales de EE.UU. en ciertas áreas pueden movilizarse rápidamente, gracias a privilegios especiales e instalaciones segregadas.
En los primeros años de la ocupación, grandes convoyes militares que transportaban suministros o soldados simplemente tomaban posesión temporal de las carreteras y calles iraquíes. Los iraquíes que no se apartaban rápidamente eran amenazados por un poder de fuego letal. Para pasar por las filas que a veces duraban horas en los puntos de control, los estadounidenses recibían tarjetas de identidad especiales que “garantizaban paso rápido… en pistas separadas, pasando a los iraquíes a la espera.” Aunque el “paso rápido” supuestamente debía terminar con la firma del SOFA, el sistema sigue operando en muchos puntos de control, y los convoyes siguen transitando por las comunidades iraquíes y los “conductores iraquíes se siguen apartando en masa.”
Recientemente, la ocupación también se ha estado apropiando de diversas calles y carreteras para su uso exclusivo (una idea que pueden haber copiado de los 40 años de ocupación israelí de Cisjordania). Esta innovación ha hecho que el transporte sin convoy sea más seguro para funcionarios de la embajada, contratistas y personal militar, mientras degrada aún más el sistema de carreteras de Iraq, que ya está en mal estado, al clausurar vías públicas utilizables. Paradójicamente, también ha permitido que los insurgentes coloquen bombas al borde de la ruta con la seguridad de que éstas sólo afecten a extranjeros. Un incidente semejante en las afueras de Faluya ilustra lo que ahora se ha convertido en políticas de la era de Obama en Iraq:
“Los estadounidenses iban conduciendo por una carretera utilizada exclusivamente por los militares estadounidenses y los equipos de reconstrucción cuando estalló una bomba, que los funcionarios locales de seguridad iraquíes describieron como un artefacto explosivo improvisado. No se permite que ningún vehículo iraquí, ni siquiera los del ejército o de la policía, utilice la carretera en la que ocurrió el ataque, según los residentes. Hay un punto de control a sólo 200 metros del sitio del ataque, para impedir el paso de vehículos no autorizados, dijeron los residentes.”
No es claro si esa carretera será devuelta a los iraquíes, incluso si la base que sirve es clausurada. De todos modos, la política en general parece estar bien establecida – la designación de carreteras segregadas para dar cabida a los 1.000 diplomáticos y a las decenas de miles de soldados y contratistas que implementan sus políticas. Y es sólo un aspecto de una infraestructura dedicada diseñada para facilitar la continua participación de EE.UU. en el desarrollo, implementación, y administración de políticas político-económicas en Iraq.
¿A quién obedecen los militares?
Una manera de “liberar” a los militares estadounidenses para la retirada sería, claro está, si los militares iraquíes pudieran manejar solos la misión de pacificación. Pero no hay que esperarlo para dentro de poco. Según los informes en los medios no es probable que, si todo va bien, eso ocurra por lo menos en una década. Una señal reveladora es la presencia omnipresente de asesores militares estadounidenses que todavía están empotrados en las unidades de combate iraquíes. Por ejemplo, el teniente Matthew Liebal, “está todos los días” junto al teniente coronel Mohammed Hadi, “comandante de la 43ª Brigada del Ejército iraquí que patrulla el este de Bagdad.”
Cuando se trata de los militares iraquíes, este tipo de supervisión no será temporario. Después de todo, las fuerzas armadas que EE.UU. ayudó a crear en Iraq todavía carecen, entre otras cosas, de suficiente capacidad logística, artillería pesada, y una fuerza aérea. En consecuencia, las fuerzas de EE.UU. transportan y reabastecen a los soldados iraquíes, posicionan y disparan la munición de alto calibre, y suministran apoyo aéreo cuando es necesario. Ya que los militares de EE.UU. no están dispuestos a permitir que oficiales iraquíes comanden a soldados estadounidenses, es obvio que estos no pueden tomar decisiones sobre el disparo de artillería, el uso y dirección de aviones de la Fuerza Aérea de EE.UU., o el envío de personal logístico de EE.UU. a zonas de guerra. Por lo tanto, todas las misiones iraquíes están condenadas a ser acompañadas por asesores y personal de apoyo estadounidenses por un período futuro desconocido.
No se espera que las fuerzas armadas iraquíes obtengan modernos aviones caza (o que tengan los pilotos entrenados para pilotarlos) hasta por lo menos 2015. Esto significa que, dondequiera esté estacionado el poder aéreo de EE.UU., incluida la masiva base aérea en Balad al norte de Bagdad, constituirá, de hecho, la fuerza aérea iraquí en el futuro previsible.
Incluso las funciones más elementales de mantenimiento del orden público de los militares pueden ser problemáticas sin la presencia estadounidense. Típicamente, cuando el periodista del New York Times, Steven Lee Myers, preguntó a un comandante de batallón iraquí “si necesitaba respaldo estadounidense para un arresto criminal, respondió simplemente: ‘evidentemente.’” John Snell, asesor australiano de los militares de EE.UU., fue igual de directo, cuando dijo a un periodista de Agence France Presse que, si EE.UU. retira sus tropas, las fuerzas armadas iraquíes “se desintegrarían rápidamente.”
En un artículo en World Policy Journal del invierno pasado, John A. Nagl, experto militar y ex asesor del general David Petraeus, expresó una opinión comúnmente compartida de que tardará por lo menos una década antes de que haya fuerzas armadas iraquíes independientes.
¿A quién pertenece la economía?
Terry Barnich, víctima de la bomba mencionada al borde de la ruta en Faluya, personificaba el arraigo económico de la ocupación. Como director adjunto del Departamento de Estado de EE.UU. para la Oficina de Ayuda a la Transición para Iraq y máximo asesor del Ministerio de Electricidad de Iraq, cuando murió iba “volviendo de una inspección de una planta de tratamiento de aguas servidas que se está construyendo en Faluya.”
Su doble papel como alto responsable en el proceso de formulación de políticas y “máximo asesor” de uno de los principales ministerios de infraestructura de Iraq refleja la postura continua de EE.UU. respecto a Iraq en los primeros meses de la era de Obama. Iraq sigue siendo, aunque a disgusto, un gobierno cliente; aspectos significativos del poder de decisión en última instancia siguen en manos de las fuerzas de ocupación. Nótese, a propósito, que es evidente que Barnich ni siquiera viajaba con funcionarios iraquíes.
La presencia intrusiva de la embajada en Bagdad se extiende a la crucial industria petrolera, que actualmente suministra un 95% de los fondos del gobierno. Cuando tiene que ver con la energía, la ocupación ha tratado hace tiempo de conformar la política y de transferir la responsabilidad operaciones de empresas estatales iraquíes de los años de Sadam Hussein a importantes compañías petroleras internacionales. En 2004, en uno de sus esfuerzos más exitosos, EE.UU. entregó un exclusivo contrato por 1.200 millones de dólares para reconstruir las decrépitas instalaciones de transporte de petróleo del sur de Iraq (que manejan un 80% de su flujo de petróleo) a KBR, la tristemente célebre antigua subsidiaria de Halliburton. La supervisión de ese contrato fenomenalmente mal administrado, que todavía no ha sido terminado después de cinco años, fue entregada al Inspector General de EE.UU. para la Reconstrucción de Iraq.
El gobierno iraquí, en los hechos, todavía ejerce un control notablemente pequeño sobre los ingresos petroleros “iraquíes”. El Fondo de Desarrollo para Iraq (cuyos ingresos son depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York) fue establecido bajo auspicios de Naciones Unidas después de la invasión y recibe un 95% de los ingresos de las ventas de petróleo iraquí. Todos los retiros de dinero del gobierno son luego supervisados por el Consejo Asesor y Controlador Internacional aprobado por la ONU, un panel de expertos nombrados por EE.UU., procedentes en su mayoría de las industrias petroleras y financieras globales. La transferencia de esa función supervisora a un organismo nombrado por iraquíes, que supuestamente debería tener lugar en enero, ha sido retardada por el gobierno de Obama, que afirma que el gobierno iraquí todavía no está listo para asumir una responsabilidad semejante.
Mientras tanto, continúa la campaña para transferir la administración de operaciones esenciales del petróleo a las grandes compañías petroleras. A pesar de la resistencia de los trabajadores iraquíes del petróleo, los administradores de las dos compañías petroleras nacionales, un bloque de mayoría en el parlamento iraquí, y la opinión pública de ese país, EE.UU. ha mantenido la presión sobre el gobierno al-Maliki para que promulgue una ley petrolera que haría obligatorios instrumentos de licencia llamados acuerdos de coparticipación en la producción (PSA).
Si fueran promulgados esos PSA asegurarían, sin transferir la propiedad permanente a las compañías petroleras, el control efectivo sobre los campos petrolíferos de Iraq, dándoles arbitrio total para explotar las reservas de petróleo del país, desde la exploración hasta las ventas. La presión de EE.UU. ha ido del continuo “consejo” entregado por funcionarios estadounidenses estacionados en los ministerios iraquíes correspondientes a amenazas de confiscar parte o todo el dinero del petróleo depositado en el Fondo de Desarrollo.
Por el momento, el gobierno iraquí intenta un paso más limitado; subastar contratos de administración a compañías petroleras internacionales en un esfuerzo por aumentar la producción en ocho campos existentes de petróleo y gas natural. Aunque las compañías ganadoras no obtendrían un derecho total para explorar, producir y vender el petróleo de algunos de los campos petrolíferos potencialmente más ricos del mundo, por lo menos obtendrían un cierto control administrativo en la modernización del equipamiento y en la extracción de petróleo, posiblemente hasta durante 20 años.
Si la subasta termina por tener éxito (lo que no es en nada seguro, ya que la primera vuelta produjo sólo un acuerdo que aún no ha sido firmado), la industria petrolera iraquí se arraigaría aún más profundamente en el aparato de ocupación, no importa lo que suceda oficialmente con las fuerzas estadounidenses en ese país. Entre otras cosas, es casi seguro que la embajada estadounidense sería responsable de la inspección y la orientación del trabajo de los que obtengan los contratos, mientras los militares y contratistas privados serían los garantes de su seguridad en el terreno. Fayed al-Nema, director ejecutivo de South Oil Company, habló por la mayoría de los oponentes a tales acuerdos cuando dijo al periodista de Reuters, Ahmed Rasheed, que si fueran aprobados los contratos, “encadenaría a la economía iraquí y aherrojaría a su independencia durante los próximos 20 años.
¿Quién es el dueño?
En 2007, Alan Greenspan, ex jefe de la Reserva Federal, dijo al periodista del Washington Post, Bob Woodward que “eliminar a Sadam fue esencial” – algo que señaló en su libro “The Age of Turbulence “– porque EE.UU. no podía “depender de fuentes potencialmente inamistosas de petróleo y gas” en Iraq. Es exactamente la forma de pensar que sigue existiendo en los círculos políticos de EE.UU.: la Estrategia Nacional de Defensa de 2008, por ejemplo, especifica el uso del poder militar estadounidense para mantener “el acceso y el flujo de recursos energéticos vitales para la economía mundial.”
Después de sólo cinco meses en el poder, el gobierno de Obama ya ha suministrado una evidencia significativa de que, como su predecesor, sigue comprometido con el mantenimiento de ese “acceso y flujo de recursos energéticos” en Iraq, incluso mientras coloca su principal apuesta militar en la victoria en la guerra en expansión en Afganistán y Pakistán. No puede caber duda de que Washington está empeñado ahora en un esfuerzo por reducir significativamente su huella militar en Iraq, pero sin, si todo va bien para Washington, reducir su influencia.
Esto parece ser un intento de una versión de la dominación colonial en el Siglo XXI, posiblemente a bajo precio, mientras los recursos son transferidos al ala oriental del Gran Oriente Próximo. No existe, claro está, ninguna garantía de que esta nueva estrategia – tal vez mejor considerada como colonialismo light o Doctrina Obama – tenga más éxito que el de las numerosas ofensivas militares en primera línea emprendidas por el gobierno de Bush. Después de todo, en la atmósfera incierta, todavía violenta, de Iraq, incluso las grandes compañías petroleras han dudado antes de apresurarse a participar, y la subasta de contratos petroleros comienza a parecer incierta, incluso cuando otras iniciativas “civiles” siguen, en el mejor de los casos, incompletas.
Mientras el gobierno de Obama sigue enfrentado a la realidad de tratar de satisfacer la ambición del general Odierno de convertir a Iraq en “un socio a largo plazo de EE.UU. en Oriente Próximo” mientras trata de librar una gran guerra de contrainsurgencia en Afganistán, podría encontrar también un dilema familiar enfrentado por las potencias coloniales del Siglo XIX: que sin la aplicación de una fuerza militar abrumadora, la colonia deseada puede orientarse hacia la independencia soberana. Si es así, el lúgubre pronóstico del corresponsal militar Thomas Ricks, ganador del premio Pulitzer, de que EE.UU. recién va “a mitad de camino por esta guerra” – podría resultar demasiado exacta.
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Profesor de sociología en la Universidad del Estado Stony Brook, Michael Schwartz es autor de “War Without End: The Iraq War in Context” (Haymarket Books), que explica como la geopolítica militarizada del petróleo condujo a EE.UU. a desmantelar el Estado y la economía de Iraq mientras alimentaba una guerra civil sectaria. El trabajo de Schwartz apareció en numerosos medios académicos y populares. Es colaborador regular de TomDispatch.com. Su dirección de correo electrónico es: ms42@optonline.net.
Copyright 2009 Michael Schwartz
http://www.tomdispatch.com/post/175093/michael_schwartz_twenty_first_century_colonialism_in_iraq
Afganistán, la garra de la pantera
14-07-2009
Enrico Piovesana
Peace Reporter
Traducido para Rebelión por Juan Vivanco
Los talibanes que huyen de la ofensiva USA en el sur de la provincia de Helmand se han desplazado a Lashkargah y a los distritos del norte; pagan las consecuencias los soldados británicos, pero sobre todo los civiles afganos.
Bajo un sol de justicia, una columna militar británica de Mastiff –los gigantescos blindados 6 x 6 protegidos con rejas por todos los lados– cruza lentamente el bazar de Lashkargah. Desde las torretas de estos bastiones de color arena, los soldados de Su Majestad apuntan las ametralladoras a los peatones, los coches, los ciclomotores, los tractores y los carritos tirados por mulas. Todos se detienen y, si pueden, se apartan, alejándose espantados del convoy que desfila, para no ser víctimas de la explosión de una bomba detonada a distancia por los talibanes.
«Los talibanes que huyen de los soldados estadounidenses ―explica Nabi, un mecánico― han llegado a la ciudad, de modo que se puede esperar cualquier cosa. Los últimos días han disparado cohetes desde las afueras hacia el centro. El jueves por la mañana contra un mitin electoral pro Karzai que se había convocado delante del palacio del gobernador, y el viernes por la tarde contra el PRT [Equipo de Reconstrucción Provincial, por sus siglas en inglés]. Los oímos silbar sobre nuestras cabezas, y luego estallar. Ninguno dio en el blanco. Cayeron en patios y lugares deshabitados, sin causar víctimas. Pero el peligro es ese, justamente: no se sabe dónde pueden caer. Los llaman “cohetes ciegos” porque golpean al azar. Pero los talibanes ―prosigue Nabi― también han entrado en la ciudad. La madrugada del sábado, sobre la una, dispararon con lanzagranadas contra una patrulla de soldados del gobierno, que respondieron al fuego e hirieron a varias personas que dormían al aire libre por el calor.»
La operación militar estadounidense Janyar ―que en pashto significa «puñal», no «estocada»― ha empujado a cientos de talibanes, que antes controlaban los distritos meridionales de Janishin, Garmsir y Nawa, hacia Lashkargah y más al oeste; y hacia el norte, a Nadali, Grishk y Sanguin, para desesperación de las tropas británicas, en plena operación Panchai Palang, «Garra de Pantera», lanzada al mismo tiempo que la ofensiva USA en el sur. «Los talibanes expulsados por los usamericanos se han congregado en estas zonas, que ya eran bastiones suyos, donde operan los británicos ―explica Safataulá, un periodista local―, que ahora están en verdaderos apuros, como lo demuestran las graves pérdidas que están sufriendo estos días».
Pero los que más están sufriendo las consecuencias son los civiles afganos que viven en los distritos donde combaten talibanes y británicos. «Estaba trabajando en el campo con otros campesinos ―cuenta Abdul, tendido en una cama del hospital de Emergency de Lashkargah con las dos piernas escayoladas― cuando un cohete, o una bomba, no sé, cayó cerca de nosotros. La explosión nos hirió a dos amigos y a mí. Poco antes habíamos visto a lo lejos unos blindados británicos, pero no sabría decir quién disparó. En mi distrito, Nadali, siempre ha habido guerra, pero desde hace una semana se ha convertido en un infierno: los combates no han cesado ni un solo día. Y no sirve de nada, los talibanes siguen ahí».
También eran de Nadali Habibulá y Abdulá, ambos de 12 años, Ziah, de 14 años, Mohammad de 25 y Bora, una mujer de 55 años que llegaron muertos la semana pasada al centro quirúrgico de la ONG italiana, víctimas de bombardeos aéreos. Lo mismo que, por lo menos, otros diez civiles, también de Nadali, ingresados en estos días con graves heridas de metralla de bomba.
«En la noche del miércoles al jueves –cuenta Safataulá― 60 personas resultaron heridas en Babayi, distrito de Nadali, mientras trataban de huir de los combates cruzando a pie el río Helmand. Los británicos les confundieron con talibanes y les bombardearon».
Luego está el problema de las minas. Los pasillos del hospital de Emergency de Lashkargah se están llenando de heridos de mina a un ritmo desenfrenado. «En los últimos días ―explica un médico― nos han llegado diez heridos de mina, de Nadali, pero también de Garmsir, donde se desarrolla la operación de los marines. Muchos de ellos son niños y algunos están gravísimos. ¡Normalmente llegan diez en un mes! Al parecer son artefactos colocados por los talibanes para volar los vehículos militares extranjeros».
La operación militar británica «Garra de Pantera» también está provocando una grave desbandada de civiles. En los últimos días por lo menos 20.000 desplazados han llegado aquí a Lashkargah, tras huir de los distritos donde se combate, sobre todo de la zona de Babayi, en el distrito de Nadali. A los más afortunados les acogen parientes y amigos; pero la mayoría, unos 15.000 hasta ahora, van a parar al campamento de refugiados de Mojtar: una desolada extensión de tiendas, barracones y chozas de adobe en la periferia norte de la ciudad, donde desde 2002 ya viven por lo menos 20.000 desplazados en condiciones lamentables, sin ninguna asistencia del gobierno afgano. Ahora, por lo tanto, el campamento acoge a 35.000 personas, y no paran de llegar más.
Mientras escribimos, dos explosiones hacen temblar el suelo. Otros dos «cohetes ciegos» han caído en la ciudad, a pocos cientos de metros del hospital de Emergency, uno delante de las oficinas de Ariana Airlines y el otro junto a la sucursal del Afghan Bank. Afortunadamente sólo hay un herido leve y ligeros daños en los jardines.
El sol se pone en Lashkargah, pero el bochorno sigue siendo sofocante. El almuédano entona la llamada a la oración de la tarde, pero su canto es acallado por el estruendo de los helicópteros Apache, que avanzan lentamente por el cielo rosa sobre docenas de pequeñas cometas, voladas por niños que disfrutan de las últimas horas de juego antes del toque de queda.
Fuente: http://it.peacereporter.net/articolo/16665/Afghanistan%2C+l%27artiglio+della+pantera
lunes, 13 de julio de 2009
Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas
13-07-2009
Eva Golinger
Rebelión
Revisado por Caty R.
El Departamento de Estado tenía conocimiento previo del golpe.
El Departamento de Estado y el Congreso de EEUU financiaron y asesoraron a los actores y organizaciones hondureñas que participaron en el golpe.
El Pentágono entrenó, capacitó, financió y armó al ejército hondureño que perpetró el golpe y sigue reprimiendo al pueblo de Honduras.
La presencia militar estadounidense en Honduras, que ocupa la base militar de Soto Cano (Palmerola), autorizó el golpe de Estado con su complicidad tácita y la negativa a retirar su apoyo a los militares hondureños.
El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, coordinó la expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya, junto con el subsecretario de Estado Thomas Shannon y John Negroponte, quien trabaja actualmente como asesor de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.
Desde el primer día del golpe, el gobierno de Washington ha hablado de las “dos partes” involucradas y la necesidad de un “diálogo” para restituir el orden constitucional, legitimando de esta forma a los golpistas.
El Departamento de Estado se ha negado a calificar legalmente los sucesos de Honduras como un “golpe de Estado”, no ha suspendido ni congelado su apoyo financiero y el comercio con el país, ni ha tomado medidas para presionar eficazmente al gobierno de facto.
Washington manipuló a la Organización de Estados Americanos para alargar el tiempo de debate sobre lo que había que hacer y así no apoyar el regreso inmediato del presidente Zelaya al poder, como parte de una estrategia que sigue en pie y simplemente busca legitimar al gobierno de facto y desgastar al pueblo hondureño que todavía se resiste al golpe.
La Secretaria de Estado Clinton y sus voceros dejaron de hablar del regreso del presidente Zelaya al poder luego de la designación de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, como “mediador”, y ahora califican al dictador que asumió el poder ilegalmente durante el golpe, Roberto Micheletti, como “presidente interino”.
La estrategia de “negociar” con los golpistas fue impuesta por el gobierno de Obama como una manera de desacreditar al presidente Zelaya –culpándolo por los hechos que provocaron el golpe– y legitimando a los golpistas.
Congresistas estadounidenses –demócratas y republicanos– organizaron una visita de unos representantes de los golpistas de Honduras a Washington, a los que recibieron con honores en diferentes instituciones de la capital estadounidense.
A pesar de que fue el senador republicano John McCain quien coordinó la visita de los golpistas a Washington a través de un bufete de lobby, The Cormac Group, actualmente es el abogado de Bill Clinton y amigo cercano de Hillary, Lanny Davis, a quien se ha contratado como “lobbista” para lograr la aceptación pública de Washington del gobierno de facto en Honduras.
Otto Reich y el venezolano Robert Carmona-Borjas, quien fue abogado del dictador Pedro Carmona durante el golpe de Estado de Venezuela en Abril de 2002, ayudaron desde Washington a preparar el escenario para el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras.
El equipo de diseño del golpe de Estado en Honduras designado por Washington también incluía a un grupo de embajadores de Estados Unidos recientemente nombrados en Centroamérica, expertos en la desestabilización de la revolución cubana, y a Adolfo Franco, ex encargado del programa de Cuba de la USAID.
Nadie duda de la implicación de Washington en el golpe de Estado de Honduras contra el presidente Manuel Zelaya que comenzó el pasado 28 de junio. Muchos analistas, dirigentes, e incluso presidentes, lo han denunciado. Sin embargo, la mayoría coinciden en disculpar a la administración de Barack Obama de algún papel en el golpe hondureño, haciendo responsables en su lugar a los rasgos del gobierno de George W. Bush y a los halcones que todavía andan por los pasillos de la Casa Blanca. La evidencia demuestra que sí, que es cierto que los halcones y los protagonistas de siempre de los golpes y sabotajes en América Latina también han participado esta vez, y además existen amplias pruebas que señalan el papel del gobierno de Obama.
[PARA QUIENES QUIERAN LEER MÁS SOBRE LOS DETALLES DE LA PARTICIPACIÓN DE WASHINGTON EN EL GOLPE, SIGUE ABAJO]
El Departamento de Estado
La nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras. Los voceros del Departamento de Estado, admitieron en una rueda de prensa el 1 de julio, que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los sectores que lo planificaban para buscar “otra solución”.i También admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Dicen que su propósito era “frenar” el golpe, sin embargo su presión verbal no concuerda con su respaldo a los sectores golpistas.
Después del golpe, la Secretaria de Estado Hillary Clinton publicó una declaración, el domingo 28 de junio, que no reconocía los sucesos como un “golpe” y tampoco exigía la restitución del presidente Zelaya en el poder. Adicionalmente, siempre hacía referencia a “las dos partes” del conflicto, legitimando a los golpistas y haciendo responsable públicamente al presidente Zelaya desde el primer día: “La acción contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola los principios de la Carta Democrática de la OEA y debe ser condenado. Llamamos a todas las partes en Honduras a que respeten el orden constitucional y el Estado de derecho, que reafirmen su vocación democrática y se comprometan a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo. Honduras debe abrazar a los mismos principios de la democracia que ratificamos hace un mes en la reunión de la OEA celebrada en ese país.”ii
Y desde entonces, a pesar de diversas referencias al “golpe” de Honduras, el Departamento de Estado se negaba a calificarlo de golpe de Estado, lo que le obligaría a suspender toda clase de apoyo económico, diplomático y militar al país. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado lo explicaron de esta manera: “En referencia al propio golpe, lo mejor sería decir que fue un esfuerzo coordinado entre los militares y algunos actores civiles. Obviamente, los militares fueron quienes condujeron la remoción forzada del presidente y han actuado para asegurar el orden público durante este proceso. Pero para que el golpe sea más que una insurrección o una rebelión, hay que ver una transferencia del poder a los militares. Y en ese sentido el Congreso –la decisión del Congreso de juramentar a su presidente Micheletti, como presidente de Honduras, indica que el Congreso y miembros claves de éste han desempeñado un papel importante en esta situación.”iii
Esta posición ambigua, que condena los sucesos de Honduras como una ruptura del orden constitucional pero no llega a calificarlo como golpe de Estado ni exige la restitución del presidente Zelaya, se ratificó luego de la reunión que sostuvo la Secretaria de Estado Hillary Clinton con el presidente Zelaya el 7 de julio: “Acabo de celebrar una reunión productiva con el presidente Zelaya. Discutimos los sucesos de los últimos nueve días y el camino a seguir. Le reiteré que Estados unidos apoya la restitución del orden constitucional en Honduras. Seguimos apoyando los esfuerzos regionales a través de la OEA para lograr una resolución pacífica según las normas de la Carta Democrática. Llamamos a todas las partes a no cometer actos de violencia y a buscar una solución pacífica, constitucional y estable a las serias divisiones en Honduras, por medio del diálogo. Para ese fin, hemos trabajado con nuestros socios en el hemisferio para establecer una negociación, un diálogo que podría desembocar en una resolución pacífica de esta situación.”iv
Ya estaba claro, después de esa reunión, que Washington no iba a seguir abogando por el regreso del presidente Zelaya al poder, sino que buscaba “una negociación” con los golpistas que, al final, favoreciera los intereses estadounidenses. Fuentes cercanas a la Organización de Estados Americanos (OEA) afirman que una alta delegación estadounidense presente en la reunión del 4 de julio en la sede del organismo multilateral intensificó la presión hacia otros Estados para que aceptaran una salida “negociada” que no implicase necesariamente la restitución de Zelaya como presidente de Honduras.
Esta manera de desviar el tema, manipular el asunto y aparecer asumiendo una posición cuando en realidad las actuaciones demuestran lo contrario, forma parte de la nueva doctrina de Obama denominada “smart power” (poder inteligente), que pretende lograr los objetivos imperiales sin satanizar al gobierno de Washington. “Smart Power” es “la capacidad de combinar el ‘poder duro’ con el ‘poder suave’ para lograr una estrategia victoriosa. El ‘Smart Power’ utiliza estratégicamente la diplomacia, la persuasión, la construcción de capacidades, la proyección del poder militar, económico y político y la influencia imperial, de manera efectiva, con una legitimidad política y social.” Esencialmente, es una mezcla de la fuerza militar con todas las formas de la diplomacia, con énfasis en el uso de la “promoción de la democracia” como táctica para influir en el destino de los pueblos, en vez de perpetrar una invasión militar.
El embajador
El periodista Jean-Guy Allard ha revelado los orígenes del actual embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorensv. Según Allard, Hugo Llorens, un cubano de nacimiento que llegó a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, es “especialista en terrorismo… La Casa Blanca de George W. Bush captó al astuto Llorens en 2002, nada menos que como Director de asuntos andinos del Consejo Nacional de Seguridad de Washington D.C., lo que lo convirtió en el principal asesor del presidente sobre Venezuela. El golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez se produjo mientras Llorens se encontraba bajo la autoridad del subsecretario de Estado para Asuntos hemisféricos, Otto Reich, y del muy controvertido Elliot Abrams. En julio de 2008, Llorens fue nombrado embajador en Honduras.”
El pasado 4 de junio, el embajador Llorens declaró a la prensa hondureña que “...Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla.”vi Esas declaraciones se emitieron en referencia a la encuesta popular sobre la convocatoria de una posible asamblea constituyente, que debería haber tenido lugar el 28 de junio si no hubiera ocurrido el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Los comentarios de Llorens no sólo ponen en evidencia su posición contra la encuesta, sino, además, su total injerencia en los asuntos internos de Honduras.
Pero Llorens no estaba solo en la región. Luego de su nombramiento como embajador en Honduras –cargo que obviamente se le asignó debido a la necesidad de neutralizar la creciente presencia de gobiernos izquierdistas en la región y la potencia regional del ALBA–, se nombraron varios embajadores más de Washington en los países vecinos, todos expertos en la desestabilización de la revolución cubana y operaciones psicológicas.
Primero llegó el diplomático Robert Blau a la embajada de Estados Unidos de El Salvador, el 2 de julio de 2008, como el segundo de la diplomacia estadounidense. En enero de este año, Blau asumió la embajada como encargado de negocios. Antes de su envío a El Salvador, Blau fue subdirector de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, luego de haber estado dos años en la Sección de Intereses de Washington en La Habana como asesor político. Fue tan eficiente en su trabajo en Cuba con la disidencia, que el Departamento de Estado le concedió el Premio James Clement Dunn a la Excelencia, debido a su labor con la oposición contrarrevolucionaria en Cuba. Llorens y Blau eran viejos amigos, luego de trabajar juntos en el equipo de Otto Reich en el Departamento de Estado.
Después fue nombrado Stephen McFarland como embajador de Estados Unidos en Guatemala, el 5 de agosto de 2008. McFarland, graduado de la Universidad de Guerra de Estados Unidos y ex miembro del equipo de combate número dos de los marines en Iraq, era el segundo en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela bajo William Brownfield, quien incrementó de manera alarmante el apoyo financiero y político a la oposición contra Chávez. Luego, McFarland estuvo en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, apoyando la construcción de la base militar del Pentágono en ese país. McFarland también fue director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado y su perfil lo destaca como un experto “en transiciones democráticas, derechos humanos y seguridad.”
El embajador Robert Callahan llegó a Managua, Nicaragua, también a principios de agosto. Ha trabajado en las embajadas en La Paz, Bolivia, y San José, Costa Rica, y ha sido profesor en la Universidad Nacional de Guerra de Estados Unidos. En 2004 fue enviado a Iraq como agregado de prensa de la embajada en Bagdad. A su regreso, estableció la oficina de prensa y propaganda de la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Washington, que en la actualidad es el órgano más poderoso de la inteligencia estadounidense.
Juntos, estos embajadores –expertos en golpes de Estado, desestabilización y propaganda– han preparado el terreno para el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras.
Financiamiento a los golpistas
Justo en el mes anterior del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada “la unión cívica democrática”. Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiría al pueblo alzar su voz y participar en su proceso político.
La “unión cívica democrática” de Honduras esta compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.
La mayoría de estas organizaciones han sido beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la NED en el “desarrollo democrático” en Honduras. De hecho, un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo con COHEP, destaca que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad de COHEP como una organización hondureña y no un brazo de la USAID.”
Los voceros de la unión cívica democrática de Honduras en representación, según ellos, de la “sociedad civil”, declararon a la prensa hondureña el 23 de junio –cinco días antes del golpe contra el presidente Zelaya– que “confían en que las fuerzas armadas cumplirán con su deber de defender la Constitución, el Estado de Derecho, la paz y la democracia.” Cuando sucedió el golpe, el día 28 de junio, fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado, sino que habían “rescatado su democracia” de las manos del presidente Zelaya, cuyo crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y participación. También en representación de los sectores de clase media y alta, la unión cívica democrática ha calificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya de “turbas”.
El Instituto Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se ha dedicado a apoyar los “centros de pensamiento” y “grupos de presión” en Honduras, para influir en los partidos políticos y “apoyará iniciativas para implementar posiciones políticas durante las campañas de 2009.” Ésta es una clara intervención en la política interna de Honduras y evidencia del financiamiento de la NED a los sectores golpistas del país.
El lobby de Washington
El senador republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington durante la semana pasada. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela, Bolivia y otros países de la región considerados “anti imperialistas” y por sus estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de Honduras. McCain ofreció los servicios de su empresa de lobby, The Cormac Group, que organizó una rueda de prensa de los golpistas en el National Press Club el 7 de junio.
Pero más allá de la conexión republicana con los golpistas hondureños, hay un vínculo más comprometedor con la actual administración demócrata de Barack Obama. El abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas y convencer a los poderes de Washington de que deben aceptar y reconocer al gobierno de facto de Honduras. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill Clinton cuando estaba en la Casa Blanca, y es un conocido amigo y asesor de la actual Secretaria de Estado Hillary Clinton. Davis está organizando una ofensiva diplomática y mediática a favor de los golpistas, incluida la compra de publicidad en periódicos estadounidenses, y organizando reuniones entre los representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios del gobierno de EEUU. CEAL esta compuesto por los empresarios latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos populares en la región. Por ejemplo, el actual representante de Venezuela en el CEAL es Marcel Granier, presidente de RCTV, la cadena de televisión que promovió e intentó legitimar el golpe de Estado contra el presidente Chávez.
Como parte de este esfuerzo, lograron una audiencia especial ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de congresistas demócratas y republicanos, y los testimonios de personajes promotores del golpe, como Michael Shifter del Diálogo Interamericano de Washington, Guillermo Pérez-Cadalso, ex Canciller y Magistrado de la Corte Suprema de Honduras, y el famoso Otto Reich, cubano-americano conocido por su papel en la mayoría de las actividades de desestabilización contra gobiernos izquierdistas en América Latina desde los años ochenta. Como resultado de este encuentro, el Congreso de Estados Unidos está promoviendo una resolución que reconozca como legítimo al gobierno de facto de Honduras.
Otro resultado del lobby de Lanny Davis fue la reunión convocada en el Consejo de las Américas el 9 de junio, en donde participó Jim Swigert, director de los programas de América Latina y el Caribe para el Instituto Demócrata Nacional (NDI), que recibe su financiamiento de la NED, Cris Arcos, antiguo embajador de EEUU en Honduras y Adolfo Franco, ex administrador de la USAID para América Latina y el Caribe y encargado del programa de “transición” en Cuba. Estos tres personajes han trabajado como asesores del gobierno de Obama frente a la crisis en Honduras. Franco, quien también fue asesor de política exterior para el senador John McCain durante su campaña presidencial en 2008, ha sido acusado de corrupción por su mal manejo de los fondos de la USAID para el programa de “promoción de la democracia” en Cuba, gran parte de los cuales se dieron a grupos de Miami, como el Comité para una Cuba Libre y el Instituto para Estudios Cubanos en Miami, sin pasar por ningún proceso transparente de revisión.
Negroponte y Reich, de nuevo
Muchos han especulado sobre el papel del antiguo embajador de Estados Unidos en Honduras, John Negroponte, quien dirigió la fuerza paramilitar denominada “la contra” y los escuadrones de muerte contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica durante los años ochenta. Negroponte tuvo varios cargos durante la administración de George W. Bush: embajador de EEUU en Iraq, embajador ante las Naciones Unidas, director nacional de Inteligencia y, por último, subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice. A su salida del Departamento de Estado, Negroponte pasó al sector privado. Le ofrecieron un trabajo como vicepresidente de la firma consultora más influyente de Washington, McLarty Associates. Negroponte aceptó. McLarty Associates fue fundada por Thomas “Mack” McLarty, ex jefe de gabinete del presidente Bill Clinton y enviado especial a América Latina durante su presidencia. Actualmente, McLarty maneja la consultora más poderosa de Washington. Hasta el año 2008, McLarty Associates se llamaba Kissinger-McLarty Associates debido a la unión entre Thomas McLarty y Henry Kissinger, que evidencia la unión política entre los sectores demócratas y republicanos en Washington.
En su nuevo cargo, John Negroponte trabaja como asesor sobre política exterior del Departamento de Estado bajo Hillary Clinton. Recordemos que el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, trabajaba bajo el comando de Negroponte durante la mayoría de su gestión.
Otto Reich lleva unos años trabajando en una campaña contra el presidente Zelaya. Fue demandado por Zelaya en abril 2009 por haberlo acusado públicamente de robar 100 millones de dólares de la empresa estatal de telecomunicaciones, Hondutel. Resulta que Reich hacía lobby para una empresa privada de telecomunicaciones que quería privatizar Hondutel. Ahora, con Zelaya destituido y un empresario en el poder, lo más probable es que Reich consiga su negocio multimillonario.
Reich fundó una organización en Washington, llamada Arcadia Foundationvii junto a un venezolano, Robert Carmona-Borjas, abogado especialista en temas militares, vinculado al golpe de abril de 2002 en Venezuela, según su propio perfil. Robert Carmona-Borjas supuestamente estuvo en Miraflores con Pedro Carmona durante el golpe de abril de 2002 y escapó, junto a Carmona, del palacio cuando fue tomado por la guardia de honor presidencial. Desde entonces vive en Washington, DC. Desde el año pasado, Reich y Carmona-Borjas han llevado una campaña contra Zelaya por asuntos de corrupción, con una serie de micros que hablan de corrupción, libertad de expresión y cambio en Honduras.viii
Carmona-Borjas ha viajado con frecuencia a Honduras durante los últimos meses, incluso hablando de golpe de Estado “técnico” junto con otros actores, como el defensor del pueblo hondureño, Ramón Custodia, quien declaró a comienzos de junio que “Los golpes son una posibilidad que puede ocurrir en cualquier escenario político”. Luego del golpe, el 3 de julio, Robert Carmona-Borjas apareció en Honduras en la concentración de los golpistas en Tegucigalpa, y fue reconocido como un actor importante que hizo posible la salida de Zelaya y la llegada al poder de Micheletti.ix
El poder militar
Estados Unidos mantiene una presencia militar muy grande en la base de Soto Cano (Palmerola), ubicada a 97 kilómetros de la capital, que ha estado operativa constantemente desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan.
En los años ochenta, Soto Cano se utilizó por el coronel estadounidense Oliver North, como una base de operaciones para la “Contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “Contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.
John Negroponte, entonces embajador de EEUU en Honduras, junto a Oliver North y Otto Reich, dirigían estas operaciones sucias.
La base de Soto Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento Número 228 de la aviación estadounidense. Son 600 personas en total y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven en las instalaciones de la base.
La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, en un acuerdo “semipermanente”. El acuerdo se realizó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. La base primero fue utilizada por la CIA para lanzar el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala.
Cada año, Washington autoriza cientos de millones de dólares en ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede retirarse sin aviso.
El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
Los dos generales con mayor participación en el golpe contra Zelaya son graduados de la Escuela de las Américas y mantienen lazos estrechos con los militares estadounidenses en Honduras. El comandante de la Aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar sólo días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.
El embajador de Estados Unidos en Honduras que cambió en septiembre 2008, Charles Ford, fue transferido al Comando Sur en Miami para encargarse de la asesoría para el Pentágono sobre América Latina.
Los militares hondureños están financiados, entrenados, adoctrinados y comandados por el ejército estadounidense sobre la base de la doctrina anti izquierdista y anti socialista. Por eso era tan fácil actuar contra el presidente Zelaya, su comandante en jefe, porque lo veían como parte de la “amenaza izquierdista”, contra la que llevan combatiendo desde hace decenios.x
De todas estas evidencias –y habrá más en el futuro– se comprueba el inconfundible papel de Washington en el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya.
i http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125564.htm
ii http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/06/125452.htm
iii Ver nota 1.
iv http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/125753.htm
v http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?28366
vi http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/06/05/Noticias/Lo-que-se-haga-debe-ser-legal-y-constitucional
vii www.arcadiafoundation.org
viii http://www.arcadiafoundation.org/videos.html
ix http://www.youtube.com/watch?v=ukacM-77lXs.
x http://www.aporrea.org/actualidad/n138264.html
Conflicto en Xinjiang. La versión Han contada en primera persona
Los amotinados son «desocupados y delincuentes, unos criminales»
13-07-2009
Laia Gordi
Gara
El lunes 6 de julio el mundo se despertaba con la noticia de centenares de muertos en una región remota de la china: el Xinjiang, una nación musulmana con una autonomía teórica y nunca práctica, dentro del gigante asiático.
Sin embargo, en China las cosas seguían su curso habitual y sólo el retorno súbito e inesperado de su presidente, Hu Jintao, de la cumbre del G8 alteraba la cotidianidad de los quehaceres políticos del imperio. Por otro lado, se activaban los protocolos habituales en caso de disturbios: censura mediática y propaganda de la versión oficial a través de pruebas irrefutables. Mientras, no se podía acceder ni a Twitter ni a Facebook ni al sistema de mensajera QQ chino -parecido a MSN- ni mucho menos a Youtube, que sigue vetado desde hace ya cinco meses; la televisión pública CCTV y la agencia gubernamental, Xinhua, han distribuido un vídeo, emitido un día tras otro, donde sólo se ve a hans heridos o muertos y a uigures lanzando piedras o quemando coches.
En un restaurante pequeño y sencillo del centro de Beijing nos reunimos con dos chinos hans de origen xinjianés -la comunidad uigur no quiere hablar con periodistas-. Los jóvenes que han accedido a encontrarse con nosotros son músicos, hijos de inmigrantes han llegados a la región musulmana en los años 80. Ellos ahora han hecho el viaje al revés, «para los artistas no hay sitio en Xinjiang», dicen.
Piden el anonimato y les identificaremos como A y B. A parece mas moderado y conciliador. B un poco mas beligerante, lleva el pelo rasta y el cuerpo lleno de tatuajes, incluso uno con la cara de Deng Xiao Ping, el primer gobernante chino después de Mao y el padre de la apertura del gigante al capitalismo.
relaciones difíciles
«La relación entre han y uigures ha sido siempre difícil, porque ambas comunidades llevan su propia vida. De niño me acuerdo que íbamos a escuelas separadas. He jugado con ellos, pero no he tenido nunca grandes amistades. Hoy tengo algunos conocidos uigures, a veces toco con algunos, pero en general no hay una relación entre las dos comunidades», comienza A.
Mientras que para B, no hay preámbulos: «Las cosas fueron así: en las primeras horas de la tarde del domingo, un grupo de uigures se reunió, había dos centenares de personas, la Policía fue y les invitó a dispersarse. Por la noche se habían convertido en unos mil, comenzaron a circular y a matar y masacrar a todo han que se les cruzaba, mujeres, niños, ancianos... El segundo día, se formaron pequeños grupos de uigures, también en el distrito han, y vestidos con uniformes de la Policía, llamaban a las puertas de los han, y al abrirles estos entraban y los mataban a todos».
El uigur bueno
Ante su inquietante explicación y la cara de sorpresa de los presentes, B matiza que «no todos los uigures son iguales. Sé que algunos de ellos han ayudado a esconder a los han para evitar que fueran masacrados. El tercer día, los han, por supuesto, fueron en busca de venganza, me parece normal. Por eso creo que los muertos son más de los que se dice, pero la mayoría son han». Los amotinados son «desocupados y delincuentes, criminales», concluye.
Ninguno de los dos comensales parece tener duda alguna de que los uigures atacaron antes que la Policía en la manifestación del domingo, pero admiten que hay un problema social que el supuesto crecimiento económico aportado por la China no ha solucionado.
Lavado de cerebro exterior
A se explica: «Hay problemas, nadie lo puede negar. Pero el problema es que quien armó los disturbios son maleantes que se ven afectados por un lavado de cerebro desde el exterior». También B cree que el Congreso Mundial Uigur, afincado en Washington, ha movido los hilo. Ésta es, de hecho, también la versión oficial de lo ocurrido: el mal viene de fuera. Siempre.
«Después de la política de apertura china, Xinjiang comenzó a hacerse rico, pero los uigures siempre han pensado que todo era en beneficio de los han, y no para ellos. Pero en Kashgar, por ejemplo, los uigures siguen haciendo su mercado con los carros, animales... no tienen el instinto de empresarial de los han. Y, por tanto, es normal que con los años la economía, los supermercados, las grandes empresas, se hayan gestionado por los han, y es por esto que se enriquecen más que los uigures», argumenta A la discriminación que sufren los uigures en el reparto económico.
B coincide: «Su vida está cambiando, pero tal vez no quieren este cambio. Tal vez éste es un desarrollo que no quieren. Pero esto es también valido incluso para los que, como nosotros, nos criamos allí. Incluso para los que tenemos dinero. El Gobierno chino está utilizando las fuerzas y los recursos de allí (la mitad del petroleo chino y un tercio del gas viene de Xinjiang), y quizás para los uigures esto no es interesante, no lo quieren. Nuestra cultura es diferente a la suya. El desarrollo ha sido muy rápido, muchísimas personas del sur se han trasladado allí en los años 80 y han desarrollado el comercio y la región. Un desarrollo que también tuvo un efecto sobre ellos. Pero no tenemos la misma cultura, no están interesados en el progreso. El hecho es que no estudian, y que carecen de iniciativa».
La solución al problema no parece clara dadas las dispares versiones entre comunidades, pero para A simplemente falta «diálogo, no veo otras soluciones». «Si hay problemas, hay que acudir a las instituciones, es la única manera de resolver los problemas en este país», acaba.
http://www.gara.net/paperezkoa/20090713/146973/es/Los-amotinados-son-desocupados-delincuentes-criminales
El Reino Unido Impone un Embargo Parcial de Armas a Israel
El Reino Unido ha puesto en práctica un embargo parcial de armas a Israel, negándose a suministrar a dicho estado recambios y otros equipos para los barcos de guerra Saar 4.5, porque dichos buques participaron en la guerra contra Gaza de principios de este año.
El Foreign Office informó a la Embajada de Israel en Londres acerca de la imposición de las sanciones hace unos pocos días. La Embajada, en un telegrama clasificado enviado al gobierno israelí, dijo que la decisión había sido tomada debido a las presiones de los miembros del Parlamento y las organizaciones pro-derechos humanos.
El embargo se produjo tras una revisión por parte del gobierno británico de todas las licencias de exportación de armas a Israel y fue anunciado hace tres meses. En total, dijo el telegrama, el Reino Unido revisó 182 licencias, incluyendo 35 referidas a las exportaciones destinadas a la Marina Israelí. Sin embargo, decidió en última instancia cancelar sólo 5 licencias, todas ellas relativas a los buques Saar 4.5. Las licencias en cuestión se refieren a recambios y suministros para los cañones de los buques.
Los británicos dijeron que el embargo ha sido impuesto debido a que estos buques participaron en la guerra de Gaza. Al hacerlo así, añadieron los británicos, ellos violaron los acuerdos de seguridad entre el Reino Unido e Israel que especifican los usos que pueden ser dados a los equipos británicos.
La pasada semana, los ministerios de Exteriores y Defensa del Reino Unido informaron a las compañías británicas implicadas que debían cesar sus planeados acuerdos de armas con la Marina israelí. Desde la operación de Gaza, varios parlamentarios y ONGs del Reino Unido han estado tratando de convencer a Londres para que imponga un embargo de armas completo a Israel. Sin embargo, el gobierno británico ha rechazado esta demanda.
En febrero, Amnistía Internacional publicó un informe sobre las ventas de armas británicas a Israel, que ponía de manifiesto el papel del país en el suministro de motores a los aparatos no tripulados Hermes 450. Según Amnistía, Israel utiliza estos aparatos para llevar a cabo asesinatos en Gaza.
No se espera que el embargo británico tenga impacto alguno en la capacidad operativa de la Marina israelí. Sin embargo, posee, sin duda, una enome significación política y podría alentar a otros países a detener las exportaciones de armas a Israel. El país que probablemente será el próximo en seguir esta tendencia es Bélgica, que vende a Israel equipos dirigidos a disolver las manifestaciones.
Honduras: el primer golpe de Estado militar de la administración Obama
3 de julio de 2009
El SouthCom toma el poder en un Estado del ALBA
por Thierry Meyssan*
Honduras suscitó la cólera de Washington al rebelarse contra la presencia militar estadounidense e incorporarse al ALBA. Militares formados en la Escuela de las Américas y dirigidos por consejeros estadounidenses derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y pusieron en el poder a quien había sido su rival de siempre en el seno del partido liberal, Roberto Micheletti. Thierry Meyssan hace un recuento de los objetivos de este enfrentamiento y señala la voluntad de la administración Obama de retomar el control de América Latina.
Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera desembocar en un golpe de Estado militar. Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la administración Bush había sobornado recientemente a un grupo de militares para que derrocaran al presidente constitucional de Venezuela (el 12 de abril de 2002) [1] y había utilizado a sus propias fuerzas especiales para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 2004) [2]. Pero los comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública internacional que Estados Unidos había cambiado y que había renunciado a su ambición imperial.
La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República Federal de América Central (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de recursos naturales especialmente importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para controlar la zona. Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los «contras» nicaragüenses y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, representaba no tanto un problema en sí como un verdadero peligro de «contaminación». ¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan grande como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos sus esfuerzos propagandísticos?
La presidencia de Maduro y las elecciones de 2005
Al igual que el resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de las maras (pandillas). La más conocida es la Mara Salvatrucha. Se trata de bandas de niños manipulables debido a su dependencia de la droga y organizados mediante ritos místico-criminales [3]. Sus miembros se entregan a todo tipo de violencias, alcanzando a veces un inusitado grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar verdaderas masacres.
En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó electo bajo la promesa de luchar contra el crimen. Su propio hijo, de 25 años, había sido secuestrado, torturado y asesinado, y su funeral se había convertido en una verdadera manifestación de carácter nacional. Al llegar a la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares operaciones de lucha contra las pandillas. También reforzó el arsenal de la policía y sacó a los militares de los cuarteles para que ayudaran a los policías. Con el apoyo de la democracia cristiana, Maduro logró la adopción de una ley que castigaba con un mínimo de 5 años de prisión el solo hecho de ser miembro de una mara.
Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y Salvador, la Corte Constitucional hondureña decidió invalidarla porque comprometía la responsabilidad individual por asociación en casos de crímenes que el acusado no había cometido. La aplicación de aquella ley había dado lugar a un gigantesco aumento del número de personas encarceladas, lo cual se provocó a su vez sangrientos motines en las prisiones. En definitiva, como aquella ley no abordaba las causas sociales del fenómeno, ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la criminalidad.
En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, «Pepe» Lobo, consideraba que sólo una guerra podía acabar con las maras. Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de un referéndum que contemplaría además la posibilidad de pronunciar penas de muerte colectivas contra las pandillas, a pesar de que un estudio realizado en Salvador ya había demostrado que el 51,9% de los criminales tenían sólo entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que matar a muchos de sus propios hijos. Mientras tanto, el candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque mucho más razonable, basado no sólo en la represión sino en la realización de verdaderos esfuerzos a favor de la educación y de la inserción de aquellos niños en la sociedad.
En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también resultaban bastante polémicos.
Ex gobernador del Banco Central y brillante hombre de negocios (concesionario de Seros y director del fondo de inversiones La Paz), Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña con el FMI y con el Club de París. Pero, como contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el número de funcionarios, política que penalizó únicamente a la clase media.
También incluyó a su país en el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos/Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política contra aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas consecuencias para los pequeños agricultores. Las excelentes relaciones del presidente Maduro con su homólogo estadounidense George W. Bush condujeron incluso al envío de 370 militares hondureños a Irak, donde fueron destacados, junto a los españoles, en la zona administrada por el contingente polaco. Pero, como consecuencia de la decisión de Zapatero de retirar de Irak las tropas españolas, Maduro se vio políticamente obligado a retirar también a los soldados hondureños. Y finalmente, el mandato presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un ambiente grotesco matizado por un escandaloso divorcio.
El liberal de izquierda José Manuel Zelaya Rosales presentó entonces una atrayente alternativa. En vez de proponer el cierre de servicios públicos como medio de garantizar una importante reducción presupuestaria, Zelaya propuso una reducción del tren de vida del Estado. Y para reforzar los ingresos del Estado, propuso facilitar el empleo en los sectores altos consumidores de fuerza de trabajo. En la lucha contra la criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar la instrucción pública gratuita a todos los niveles de la sociedad.
En 2005, en una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron como presidente a José Manuel Zelaya, con un 49,9% de sufragios, y le garantizaron el 48,4% de los escaños en el Congreso (unicameral). Su principal adversario, el nacionalista de derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 46,2% de los sufragios y un 42,9% de los escaños en el Congreso. Los resultados eran tan apretados que se requirió su validación, la cual se produjo al cabo de dos semanas de espera. Tres pequeñas formaciones políticas se encontraron entonces en posición de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática, la Democracia Cristiana y el partido Innovación y Unidad.
Elección presidencial
(27 noviembre 2009) Elecciones legislativas
(27 noviembre 2009)
José Manuel Zelaya Rosales
49,90 % de votos válidos Partido Liberal
62 escaños
Porfirio Lobo Sosa
46,2 % de votos válidos Partido Nacional
55 escaños
Juan Ángel Almendares Bonilla
1,5 % de votos válidos Unificación Democrática
5 escaños
Juan Ramón Martínez
1,4 % de votos válidos Democracia cristiana
4 escaños
Carlos Sosa Coello
1,0 % de votos válidos Innovación y Unidad)
2 escaños
La presidencia de Manuel Zelaya
Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura política. En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y también sacó a la luz el control de los militares sobre una parte de la economía [4]
Pero lo más importante es que, en junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su intención de destinar al tráfico comercial la base aérea de Soto Cano [5], en la que se encontraba un contingente estadounidense. Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de retroceder, argumentando el costo del equipamiento necesario. Pero el presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la única estación del SouthCom fuera de Estados Unidos [6]. Y, sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia militar estadounidense en la región. Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún acuerdo que precise el estatus de las instalaciones anteriormente mencionadas.
A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen. En realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que el país enfrentaba una gran proliferación de las maras. Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno.
Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes medios para la realización de sus planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Washington financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología de punta que permite escanear todos los contenedores enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.
Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de un millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño, en 1998. 78 000 de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados mediante una simple decisión administrativa.
El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar. Se descubrió incluso que el ex director de la compañía de telefonía pública había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya.
Al estallar en Estados Unidos la crisis de las subprimes y en momentos en que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el presidente Zelaya recurre, lógicamente, a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), organización intergubernamental promovida por Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los Estados miembros y que coordina además la realización de importantes programas de salud pública.
Esa decisión de Zelaya obtiene un fuerte apoyo popular, pero suscita inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de Maduro y por la crisis económica mundial.
El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rinde homenaje al «Guerrillero heroico» Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 000 personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al ALBA, en presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, también está representado en el acto.
Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes.
El golpe de Estado militar
Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en el New York Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para convencerlos [7] de que emprendieran esa acción. Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (o sea, en momentos en que el golpe ya había comenzado).
Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la República, y al jefe de su Estado Mayor. Pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto Cano y Miami [8].
Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M. Fraser, para darle seguimiento al golpe.
En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, al igual que la limpieza del valle de Swat, que el exterminio de los Tigres tamules o la «revolución verde» en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración Bush y posteriormente confirmado y ejecutado por la administración Obama, a pesar de los visos de legalidad que ésta última parecía ofrecer.
La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces una campaña internacional de prensa que presentaba aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato. Lo cual es totalmente falso ya que la elección de la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente Zelaya nunca hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero, claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de querer ser «presidente vitalicio», había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él también.
El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma anticonstitucional. En base a esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la organización de la consulta. El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para «rescatar» las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación. Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas.
La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel Richard A. Juergens. Fue al parecer fue este mismo militar estadounidense quien dirigió el secuestro del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de director de Operaciones Especiales del Special Operations Command.
El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las 5h30 de la mañana (hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares encapuchados [9] asaltaron la residencia del presidente Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados por lo menos 8 ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras). Cuando se restableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado un toque de queda y la anulación de los oficios religiosos dominicales y de la consulta popular.
Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado, el Congreso designó a su propio presidente para ocupar la presidencia de la República. Por su parte, el Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario. El Tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el presidente de la República, el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo había hecho por orden de un juez. Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los Estados miembros del ALBA.
El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean-Bertrand Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia.
La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de Washington. La manipulación de las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadounidenses, es muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la administración Obama.
Notas:
[1] «Opération manquée au Venezuela», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 de mayo de 2002.
[2] «La CIA déstabilise Haïti», «Coup d’État en Haïti» y «Paris relâche le président haïtien», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 14 de enero, 1º y 16 de marzo de 2004.
[3] «L’extension de la Mara Salvatrucha», por Gaston Pardo, Réseau Voltaire, 2 de marzo de 2005.
[4] La democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la región. Estados Unidos garantizó que parte de la economía hondureña quedara bajo su control indirecto, a través de los militares.
[5] La base Soto Cano es la antigua base de Palmerola. Está situada al nordeste de Tegucigalpa, a 747 millas de la capital.
[6] El SouthCom es el comando estratégico de las fuerzas armadas estadounidenses encargado de garantizar el control de Latinoamérica.
[7] «Honduran President Is Ousted in Coup», por Elisabeth Malkin, The New York Times, 29 de junio de 2009.
[8] El SouthCom tiene su sede en Miami, pero dispone además de una estación en Soto Cano y de puestos avanzados en Comalapa (Salvador), Manta (Ecuador) así como en las islas de Aruba y Curazao (Antillas Holandesas).
[9] El uso de pasamontañas o capuchas en este tipo de operación es inútil y contraproducente, a no ser que se trate de enmascarar la participación de consejeros militares extranjeros.
Thierry Meyssan
Periodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del Pentagate
