Las empresas dedicadas a la venta de armamento multiplican los convenios con las universidades españolasTomás Muñoz García
Diagonal
18-12-2009
La presencia de las empresas en la universidad desde la imposición de Bolonia, cada vez es más evidente. La industria del armamento no es ajena a esto. Pese a que 13 universidades españolas ya tienen en sus estatutos disposiciones contrarias a la investigación militar, hay otros centros que no sólo siguen manteniendo vinculación con las empresas de armas, sino que la fomentan aún más.
Las colaboraciones más significativas son las de Navantia con la Politécnica de Cartagena, y los de EADS con la Politécnica y la Carlos III de Madrid, además de la Universidad de Sevilla.
Las conexiones entre las universidades españolas y la industria del armamento están intensificándose en los últimos años. Pero no es un fenómeno nuevo. En la Universidad Politécnica de Cartagena llevan años colaborando con Navantia. Esta naviera, que surgió de las cenizas de la antigua IZAR, se dedica a la construcción de barcos de guerra y submarinos. Los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena participan activamente desde 1999 en el diseño del submarino S-80, exportado a países como Malasia. En los últimos años se han suscrito nueve proyectos conjuntos de investigación, donde se pusieron recursos universitarios al alcance de esta industria militar. También colabora con la Universidad de Cádiz a través de la fundación universidad y empresa local. Un directivo de esta empresa fue presidente del consejo social de la Universidad Politécnica de Cartagena hasta 2006. Donde se supone que están representados los intereses de la sociedad en la gestión del presupuesto universitario, se coló José Del Pino, alto cargo de Navantia, que está imputado desde 2005 por manejar una presunta caja B en las cuentas de los astilleros públicos. La universidad de Sevilla también colabora con Navantia realizando portes militares de software, es decir, adaptando programas creados en un ordenador a componentes específicos de barcos.
Investigación militarizada
En el consejo de la Universidad Carlos III de Madrid se sentaba el presidente de la filial española de EADS. En este caso Carlos Suárez fue destituido el pasado febrero por sus diferencias con la política de la empresa matriz, y cedió su asiento a otro directivo del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales, que tiene un 5% de EADS). Esta universidad mantiene una estrecha vinculación con el gigante del armamento EADS. El consorcio, que aspira a ser conocido sólo por su producto emblema, el avión Airbus, es el segundo fabricante europeo de armas. Entre sus productos y los de sus sociedades participadas se encuentran cazas, helicópteros de combate, todo tipo de misiles (incluidos nucleares) y satélites militares. La universidad materializa su colaboración cediendo espacio de su parque tecnológico en Leganés. Al Centro Mixto de Integración de Sistemas Aeroespaciales (que así se llama la instalación) la universidad aporta personal investigador cualificado y estudiantes en prácticas, así como personal administrativo y recursos técnicos. A cambio, EADS financiará las instalaciones con una dotación económica irrisoria para los 13.100 millones de dólares que facturó en 2007 el ala bélica de la compañía. Las investigaciones que se desarrollan de forma conjunta en este centro pueden tener un doble uso militar y civil. No acaba ahí la vinculación. Desde este año, se oferta un máster de forma conjunta entre EADS y esta universidad. El máster versará sobre integración de sistemas en aeronaves, sin especificar si se trata de sistemas destinados exclusivamente a aeronaves civiles.
El consorcio europeo también tiene nexos con la Universidad de Sevilla. Desde la firma del convenio de colaboración en diciembre de 2008, la cátedra EADS forma parte de las patrocinadas por empresas en esta universidad. Este acuerdo lo firmó en el Ministerio de Industria una universidad más, la Politécnica de Madrid, donde también tienen otra cátedra de renombre en el mundo del armamento. La cátedra Unión Explosivos Españoles (UEE) rinde homenaje al antiguo consorcio del que formaba parte Expal (Explosivos Alaveses SA). Esta compañía es conocida por haber fabricado minas antipersona y bombas de racimo, entre otros explosivos y municiones. UEE cambió su nombre por Maxam Corp, en un claro intento por desvincularse de los antecedentes oscuros de la historia de Expal, pues las minas de esta empresa aún infectan sitios como el Sáhara o Colombia. Desde esta cátedra se dirigen investigaciones acerca de explosivos que pueden tener un uso civil o no. Este caso es especialmente relevante porque la politécnica ha incorporado a sus estatutos disposiciones favorables a la paz, aunque sin excluir literalmente la investigación militar.
Ocurre algo similar en la Universidad de Zaragoza. Indra es una empresa que fabrica dispositivos electrónicos para misiles y aviones (tiene la contrata del mantenimiento de los F-18 estadounidenses). Lleva tres años colocando su stand (junto al de EADS) en la feria de empleo que organiza la Universidad en Zaragoza. El primer año, unos activistas antimilitaristas desarrollaron una acción en el evento que les llevó ante los tribunales, donde resultaron absueltos. Indra reconoce en su web que tiene convenio con 28 universidades.
La Banca armada también va a la universidad
La banca es imprescindible en el negocio de las armas, ya que adelanta los pagos a las empresas a comisión. También posee participaciones directas en el sector. La universidad colabora con entidades financieras sin preocuparse de las vinculaciones militares de éstas. El Banco Santander, prácticamente omnipresente en los campus, posee el 23% de Maxam Corp (dueña de Expal) a través de su sociedad Vista Capital. Caja Madrid, que lidera el ránking de la banca armada con sus 128,17 millones de euros en participaciones de Indra, tiene vinculación con todas las universidades madrileñas. Caja Cantabria, ligada a la universidad de su comunidad, posee el 1,2% de Indra. Otra caja cantábrica, Caja Astur posee otro 5% y colabora activamente con la Universidad de Oviedo. La maltrecha Caja Castilla La Mancha, que está presente en la única universidad de su región, tiene participaciones por valor de 21,02 millones de euros en las empresas Aernnova (componentes de aviación), Amper (electrónica de defensa) y Tecnobit (tecnología y adiestramiento militares). En esta última empresa también tiene el 48% Caja Sol, que colabora con las universidades andaluzas. Esta entidad tiene además el 10% de SACESA (componentes aeronáuticos), donde también está representada Unicaja con un 5% del accionariado, vinculada a la universidad de Málaga.
En la Universidad del País Vasco tienen presencia Caja Guipuzcoa, Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK) y Caja Vital, con participaciones las tres en la compañía CAF, que moderniza y repara vehículos blindados. Las colaboraciones usuales se concretan con la gestión del carnet financiero universitario, incluir una sucursal en el campus, la financiación de actividades mediante patrocinios, o promoción de productos oferta entre los alumnos. BOTÍN. El Santander posee el 23% de Maxam Corp, dueña de Expal. La presencia de las empresas en la universidad es, desde la imposición de Bolonia, cada vez más evidente. La industria del armamento no es ajena a esto. Pese a que 13 universidades españolas ya tienen en sus estatutos disposiciones contrarias a la investigación militar, hay otros centros que no sólo siguen manteniendo vinculación con las empresas de armas, sino que la fomentan aún más. Las colaboraciones más significativas son las de Navantia con la Politécnica de Cartagena, y los de EADS con la Politécnica y la Carlos III de Madrid, además de la Universidad de Sevilla.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-industria-de-las-armas-pasa-la.html
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Entrevista a Eduardo Melero, profesor de derecho en la UAM y miembro del Centre Delàs
“La ley permite que los acuerdos entre el Ministerio de Defensa y las universidades sean secretos”
DIAGONAL: ¿Qué tipo de relación hay entre las universidades y el sector de Defensa?
EDUARDO MELERO: Lo habitual es que sean colaboraciones puntuales de profesores o grupos de investigación que buscan dinero, prestigio o una mejora en los equipos que utilizan para desarrollar su labor. En casos excepcionales, las universidades desarrollan una estrategia de colaboración más amplia y sostenida en el tiempo. Es el caso de las universidades que tienen adscritos centros universitarios de Defensa o que trabajan con empresas de armas.
D.: ¿Cómo justifican las universidades su colaboración con la industria militar o con el ejército?
E.M.: La universidad tiene vocación de servir a los intereses de la sociedad, por lo que se utiliza el criterio del entorno geográfico para justificar esta colaboración. Si en este entorno están presentes industrias relacionadas con la defensa o instalaciones militares, se utilizará como argumento.
D.: ¿Cómo formalizan esta colaboración?
E.M.: El instrumento básico es el convenio. Es un contrato que se firma entre los profesores y el ministerio. Estos contratos no pasan por los órganos de gobierno de la universidad (ni por claustro ni por junta de facultad), ya que se celebran a través de las fundaciones y oficinas de transferencia de conocimiento de las universidades.
D.: ¿Pueden ser secretos los contenidos de estas investigaciones o los acuerdos?
E.M.: Así lo permite la ley de contratos del sector público, que posibilita que en el ámbito de defensa puedan ser secretos. Quien establece el carácter secreto de la investigación es el Ministerio de Defensa o el de Ciencia y Tecnología.
D.: ¿Qué se ha buscado con la ley 39/2007, conocida como Ley de la Carrera militar?
E.M.: Se ha buscado institucionalizar una colaboración que ya venía existiendo entre los centros de Defensa y algunas universidades. La Ley de la Carrera Militar establece la posibilidad de que los centros de Defensa dirijan líneas de investigación a largo plazo con las universidades. Esto puede dar lugar a que, con una planificación a largo plazo, la universidad ponga sus recursos al servicio de lo militar, lo que suponga una diferencia cualitativa. Pero tengo la impresión de que aún se están dando en este sentido los primeros pasos.
D.: ¿Qué obtienen los militares de la universidad?
E.M.: Su conexión con la universidad les otorga legitimación, no sólo a través de la investigación militar, sino a través de cursos o seminarios relacionados con Defensa. Por otra parte, el Ministerio de Defensa puede promover la investigación en armamento a través de las empresas privadas o recurrir a la infraestructura de investigación de la universidad. También se intenta hacer más atractiva la carrera militar, al permitir a los oficiales obtener una formación útil para la vida civil, ya que saldrán de los centros universitarios de la defensa con un título universitario que les podrá servir una vez pasen a la reserva activa.
D.: ¿Qué beneficios obtienen las universidades de esta colaboración?
E.M.: Las universidades que colaboran con las academias militares en principio no sacan rendimiento económico directo porque los militares no pagan tasas. Pero el profesorado puede tener algún tipo de remuneración indirecta. Habría que tener acceso a los convenios entre la universidad y el Ministerio de Defensa para saber qué recibe ésta a cambio.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-ley-permite-que-los-acuerdos.html
Artículo de Diagonal relacionado: Academias militares con rango universitario de Tomás Muñoz García.
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