10-04-2009
Con una capacidad de mil plazas, los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla se han convertido en un recurso más para controlar la llegada de inmigrantes.
Además de los nueve Centros de Internamiento para Extranjeros oficiales y de otros provisionales o improvisados, el Gobierno español recurre para la detención de extranjeros y el control de los flujos migratorios a los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Aunque inicialmente estaban pensados para albergar a los migrantes llegados a las ciudades autónomas mientras se resolvían sus solicitudes durante un período máximo de seis meses prorrogables por otros seis, en la práctica se han convertido en centros cerrados.
“Aunque puedan salir por la ciudad durante el día, no se les reconocen sus escasos derechos como personas migrantes, pues no pueden empadronarse ni buscar trabajo”, señala Paula Domínguez de la asociación ceutí Elin. Como los accesos a los puertos, principal forma de comunicación con la península, están fuertemente vigilados, no tienen forma de salir ni de Ceuta ni de Melilla.
Se trata de una retención en un espacio mayor y sin el régimen interno de los Centros de Internamiento (CIE) pero su estancia se puede alargar años, durante los que, según Domínguez, los migrantes sienten que “malgastan el tiempo”. En este sentido, apunta Enrique Mosquera, de la asociación barcelonesa Papeles y Derechos para Todos, “los CETI son casi peor que los CIE, en los que hay un máximo de 40 días de retención: no es un régimen carcelario pero es una estancia temporal... indefinida”.
El peso de Interior
Teóricamente los CETI de Melilla (con 480 plazas más cien en tiendas de campaña) y Ceuta (450 plazas) dependen del Ministerio de Trabajo, que los gestiona a través de las Delegaciones Provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) ya que las ciudades autónomas no tienen transferidas las competencias sobre dichos centros. Pero en la práctica el Ministerio del Interior, que tiene también competencias a través de la Delegación de Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, tiene mucho peso en la toma de decisiones. Interior decide quién sale o no de los CETI, ya sea para ser deportados o para marcharse a la península. El día a día en los CETI es gestionado por ONG a través de convenios de colaboración.
Durante su largo tiempo de estancia, los inmigrantes viven, según denuncian tanto ellos como diversas asociaciones de derechos humanos, una situación de tortura psicológica. “Dentro están sometidos a una presión policial muy fuerte y constantemente coaccionados por la gente que trabaja allí. Hay todo un servicio de información que está detrás para saber de dónde son [un paso previo para poder expulsarles al país de origen] y, de hecho, algunos de los que salen es porque son chivatos. Que los migrantes no se muevan o que no sean reivindicativos, porque entonces se van a tirar ahí un montón de tiempo más”, señala José Palazón, de la asociación melillense Pro Derechos de la Infancia (Prodein). La estrategia para mantenerlos allí e impedir su paso a la península, cuando no hay convenios de repatriación con sus países de origen, es incoarles sucesivos expedientes de expulsión. “Hay chavales de 20 años de edad, de India, que por esta situación se han hecho alcohólicos en Melilla”, remarca Palazón.
Son muy pocos los casos en los que los inmigrantes abandonan el CETI con papeles, la mayor parte son repatriados.
La deportación como futuro
Antes son detenidos. La policía suele hacerlo de madrugada, entre las cinco y las seis de la mañana, por lo que muchos de los migrantes pernoctan a menudo fuera, en chabolas, en tuberías o en los bosques colindantes. Viven en un estrés permanente: “Por la noche o de madrugada la policía rodea el CETI por si saltan las vallas, para cogerlos fuera. O entran en el centro y van a los dormitorios a pedir la documentación. Llevan una lista. Se produce un caos tremendo y es muy violento. En los CETI hay familias con niños. Viven así meses o años”, explica Palazón.
La forma habitual de ‘salir’, si no es rodeado de policías, es con un permiso, denominado laissez passer, que permite viajar en barco a la península para, teóricamente tras un máximo de 15 días, volver al país de origen. En la práctica esto les permite llegar a la península pero les condena a la irregularidad. Las administraciones se ven obligadas a dejar salir a algunos migrantes porque los CETI se encuentran a menudo ocupados muy por encima de sus posibilidades. Por ejemplo, en Melilla la ocupación supera frecuentemente las 600 personas. “Abren una espita usando criterios de oportunidad respecto a las nacionalidades”, señala José Alonso de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla. Pero muchos migrantes permanecen por tiempo indefinido en los CETI, que se convierten así en la tumba de sus ilusiones. Los motivos son diversos, a juicio de las asociaciones de derechos humanos. Por un lado, las administraciones los retienen a la espera de firmar acuerdos con los países de origen para su repatriación. Por otro, según apunta Enrique Mosquera de Papeles y Derechos para Todos, “el CETI tiene un aspecto económico muy importante: el Gobierno español destina por cada inmigrante y día una cantidad que finalmente el centro no gasta” en su totalidad. “Es una fuente de negocio, una fuente de financiación incluso para la propia ciudad”. Y, sobre to- do, y en esto coinciden numerosas organizaciones, las administraciones “quieren frenar el efecto llamada: lo cual no quiere decir que frenen la entrada sino que cambian la ruta” señala Palazón. “Prefieren que no pasen por aquí, que cojan una patera y se ahoguen” remacha Alonso.
En el interior del CETI, Cruz Roja y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) gestionan el día a día de los migrantes. ACCEM va asumiendo cada vez más competencias y este año, por segundo período consecutivo, ha recibido una subvención para trabajar en el CETI. Son “la voz de la Administración y de Interior”, según denuncian diferentes fuentes: aparecen en los actos reivindicativos de los migrantes para disuadirles. Últimamente, los listados de las personas agraciadas con un ‘salvoconducto’, que suelen colgarse en la puerta de la oficina del CETI, han aparecido en hojas con el membrete de ACCEM.
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