Escrito por Juanlu Gonzálezel Martes, 10 Febrero 2009
Ayer el Tribunal Supremo subió un nuevo y peligroso peldaño más en la estrategia política para ilegalizar las ideas independentistas en Euskadi. Más de 150.000 personas no tendrán a quien votar en las próximas elecciones por obra y gracia de una ley antidemocrática interpretada torticeramente con ánimo electoralista. Leyes fundamentales están siendo vulneradas sin que prácticamente ningún partido político estatal ponga el grito en el cielo. Todo sea por la sacrosanta guerra contra el terrorismo. En ese sentido nuestro país se diferencia bien poco de lo que sucede en EEUU, en Reino Unido, en Israel o en tantos otros lugares donde se justifica desde el recorte de libertades pasando por la invasión de terceros países o la aniquilación física de pueblos enteros. Sólo es cuestión de escala, por eso cuando se pierden los principios cualquier final es posible por repulsivo que pueda parecer. Y por eso debemos ser intransigentes con cualquier paso atrás que suponga la pérdida de derechos individuales por muy loables que puedan ser los fines que se persigan.
Si un miembro pongamos que de Batasuna comete un delito cualquiera, debe ir a la cárcel como todo hijo de vecino; si el delito es de terrorismo, deberá pagar por ello con todo el peso de la ley. Pero si no ha sido así, esa persona tiene el derecho de presentarse a una candidatura electoral y ser elegido representante del pueblo que lo ha decidido en libertad confiándole su voto. Hasta ahora se habían limitado a detener a cúpulas abertzales por el simple hecho de pertenecer a partidos concretos, pero no por haber cometido delito alguno. Ahora todos los presos políticos están excarcelados pero tienen negado el derecho inalienable a formar parte de listas electorales, una auténtica barbaridad propia del fascismo más execrable. Cualquier lista integrada por gentes de la izquierda independentista podía ser anulada aunque conformase formaciones diferentes a las ya ilegalizadas anteriormente. Sin embargo, ahora han ido mucho más lejos, una lista blanca, integrada por miembros no fichados ni pertenecientes en la actualidad o en el pasado a partidos independentistas ha sido anulada sin prueba alguna que la vincule a ETA.
Por muchas filigranas que nos cuente el auto judicial, se trata de una decisión puramente política derivada de la nula o escasa separación de poderes que exhibe el estado español. Entre las pruebas presentadas están carteles de una asociación de presos que ostentaba el mismo nombre que la lista impugnada (askatasuna en euskara significa libertad). A lo mejor es que lo que se prohibe es el vocablo en sí o su significado…
En total se contabilizan más de 500 partidos o plataformas electorales del mismo signo político anuladas impunemente en los últimos años. Aunque queda por pronunciarse el Constitucional en las próximas horas, no es previsible que modifique la doctrina del Supremo. Por de pronto, el recurso de Askatasuna ha sido admitido a trámite.
No hay comentarios:
Publicar un comentario