por Thierry Meyssan*22 de junio de 2007
Adopción de la resolución 1757 en el Consejo de Seguridad de la ONU 30 de mayo de 2007, New-York. Foto: ONU/Evan Schneider.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1757 mediante la cual anula la competencia de los tribunales libaneses para juzgar a los asesinos del ex primer ministro Rafic Hariri y substituye a la justicia libanesa por un tribunal especial internacional. Al estimar que se trata de un acto de colonialismo judicial sin precedente, cinco Estados miembros del Consejo de Seguridad prefirieron la abstención y han denunciado la aprobación de dicha resolución señalando a la vez que las contradicciones que contiene su texto la hacen inaplicable. Resulta evidente que el objetivo de esta jurisdicción de excepción no es precisamente la aplicación del derecho y que dicho tribunal probablemente no llegue a reunirse nunca. Para Washington, sin embargo, podría convertirse en pretexto para desatar una nueva guerra contra el Líbano.
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El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, este 30 de mayo de 2007, la resolución 1757 mediante la cual crea un tribunal especial que se encargará del atentado que costara la vida al ex primer ministro libanés Rafic Hariri así como de cualquier otro atentado político ligado a ese hecho que se haya cometido entre el 1º de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005. La resolución fue adoptada al cabo de largos debates y de importantes presiones ejercidas sobre los Estados miembros del Consejo. El resultado de la votación fue de 10 votos a favor y 5 abstenciones (China, la Federación Rusa, África del Sur, Indonesia y Qatar). Varios Estados expresaron su oposición a dicha resolución por considerarla inaplicable.
Como subrayó el embajador chino Guangya Wang (Chine), esta resolución sienta un precedente que resta credibilidad al Consejo de Seguridad de la ONU y socava su autoridad. El embajador de Sudáfrica, Dumisani Kumalo, observó por su parte que el Consejo de Seguridad está alterando el derecho internacional y politizándolo.
Para comprender este hecho, se hace necesario volver atrás en el tiempo. El 14 de febrero de 2005, Rafic Hariri era asesinado en Beirut. Según los primeros datos recogidos, el atentado exigió la utilización de medios altamente sofisticados y los investigadores libaneses no tenían ni la formación ni los medios materiales necesarios para continuar sus investigaciones. El presidente francés Jacques Chirac fue el primero en pedir que la comunidad internacional proporcionara al Líbano una ayuda judicial capaz de aclarar la verdad sobre el crimen. El presidente libanés Emile Lahud estuvo inmediatamente de acuerdo. El Consejo de Seguridad comenzó por enviar una misión de evaluación, que comprobó la omnipresencia de los servicios sirios en el Líbano y la duda que ello implicaba en cuanto a la independencia de los investigadores libaneses [1]. El Consejo creó después una misión de ayuda a la justicia libanesa.
Sin embargo, el jefe de esa misión de ayuda, el alemán Detlev Mehlis, se convirtió rápidamente en un fiscal acusador. Hasta se hacía llamar «fiscal Mehlis», alimentando así la confusión entre su antiguo cargo en Alemania y sus funciones como jefe de la misión. Luego se pudo comprobar que desde hacía mucho Mehlis, quien hizo todo lo posible por acusar a Siria, mantenía estrechos vínculos con las autoridades estadounidenses. Mehlis basó su investigación en declaraciones de testigos dudosos que resultaron haber sido remunerados por Saad Hariri (hijo del difunto) o por Rifaat El-Assad (un tío del actual presidente sirio que se puso al servicio de la CIA). En definitiva, Mehlis tuvo que salir de escena [2] y ser reemplazado por el belga Serge Brammertz sin haber aclarado el caso.
Poco a poco, la misión de ayuda empezó a considerarse como una misión investigadora, volviéndose autónoma en cuanto a la justicia libanesa, a la que se suponía que debía prestar ayuda. Después, se empezó a hablar de un tribunal internacional especial que se encargaría de aprobar la investigación de aquella misión, proceder que resulta muy extraño dado que nadie mencionó nunca que esos asesinatos hayan sido cometidos en el contexto de una guerra entre dos Estados ni que tuviesen entonces que someterse a una jurisdicción internacional. Nadie puso tampoco en duda la capacidad del Líbano para hacer funcionar sus propios tribunales ni se insinuó que habría que prestarle ayuda que se encargara de hacer justicia. No se presentó tampoco ningún argumento que justificara la creación de ese tribunal especial, lo cual equivale a reconocer que los móviles de su creación son inconfesables.
Sea como sea, el gobierno de Siniora negoció un acuerdo con el secretario general de la ONU (en aquel entonces era Kofi Annan) con vistas a la creación de tal tribunal. Las fechas establecidas para la competencia del tribunal (desde el 1º de octubre de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2005) no corresponden a un período o calendario convencional sino a los atentados cometidos contra Marwan Hamade y Gibran Tueni, que –según se insinúa– pueden estar vinculados al asesinato de Rafic Hariri. El fiscal, los jueces y los secretarios serán nombrados por el secretario general de la ONU. La mayoría no serán libaneses y gozarán de inmunidad diplomática y privilegios fiscales. El financiamiento del tribunal especial estará a cargo del Líbano (en un 49%). El 51% restante estará a cargo de otros Estados voluntarios (o sea, Estados Unidos, Francia y sus aliados). Dicho tribunal especial tendrá su sede fuera del Líbano, en un tercer Estado que todavía no ha sido designado. Finalmente, el gobierno libanés estará obligado a dar respuesta a todas las demandas del tribunal especial y tendrá que abstenerse de declarar amnistía alguna sobre hechos que pueden entrar en el marco de competencia del tribunal especial.
La ratificación del acuerdo está pendiente aún. Según la constitución libanesa, para se haga válido tendrán que aprobarlo simultáneamente el presidente de la República, el Consejo de Ministros y la Cámara de diputados. El presidente de la República, Emile Lahud, encargado de garantizar el respeto de las instituciones libanesas, se opone a toda pérdida de soberanía; el Consejo de Ministros, luego de 6 defecciones, ya no tiene la configuración requerida para reunirse; y, finalmente, el presidente de la Cámara, Nabib Berri, se niega a incluir el tema en la agenda de la Asamblea.
El asunto hubiera debido llegar solamente hasta ese punto. Pero el ex primer ministro Fuad Siniora ha decido forzar las cosas. Junto a los ministros que todavía le quedan, Siniora se aferra ilegalmente al poder. Este seudo gobierno ha dado su aprobación al acuerdo. Una mayoría de parlamentarios ha anunciado su aprobación y el seudo primer ministro afirma que esa petición hace innecesaria la votación de la Cámara cuando este paso constituye una exigencia de la Constitución. En cuanto al presidente de la República… se ha decidido ignorar su existencia. A tal punto que sus mensajes de protesta, dirigidos al secretario general de la ONU, ni siquiera aparecen citados como referencia en los por cuanto de la resolución del Consejo de Seguridad.
Además, Siniora negoció con el nuevo secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, un documento anexo sobre el estatuto del tribunal especial. Ese anexo indica que las jurisdicciones libanesas renunciarán a sus propias competencias en favor del tribunal especial, a tal extremo que el tribunal especial no se sentirá obligado [a respetar] los fallos anteriores de los tribunales libaneses. Un detalle significativo es que los idiomas de trabajo del tribunal especial serán no sólo el árabe (idioma oficial del Líbano) y el francés (idioma administrativo del Líbano), sino también el inglés, para que el Departamento de Estado pueda controlar los trabajos con más eficacia.
La guinda del pastel es que la resolución 1757 fue adoptada en el marco del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual quiere decir que «la comunidad internacional» (léase Estados Unidos, Francia y sus aliados) se reservan el derecho de recurrir a la fuerza militar para instaurar el tribunal especial y garantizar su funcionamiento. Esta disposición justifica por sí sola la existencia del tribunal especial: llegado el momento, [el tribunal] servirá de pretexto para desatar la guerra.
Esto es precisamente lo que subrayó el embajador ruso Vitaly Churkin: el papel del Consejo es garantizar la soberanía de los Estados miembros mientras que la referencia injustificada al Capítulo 7 tendrá efectos nefastos para el Líbano en particular y en el Medio Oriente en general. El embajador de Qatar, Nasir Abdulaziz al-Naser, denunció una resolución que perjudica a la cohesión y la estabilidad del Líbano. El embajador de Indonesia, Hasan Kleib, señaló que, al estipular que la instauración del tribunal especial comenzará el 10 de junio de 2007 a más tardar, la resolución contradice el artículo 19 del acuerdo anexo entre el Líbano y la ONU que estipula la necesaria ratificación constitucional. Es por eso que los 5 miembros del Consejo de Seguridad que se oponen al texto consideran que, en su estado actual, la resolución resulta jurídicamente inaplicable y decidieron abstener en vez de votar en contra.
Proseguirá el juego diplomático. Estados Unidos y Francia instaurarán ilegalmente este tribunal en el marco de la ONU, o fingirán hacerlo. Estados Unidos no dejará de utilizar los problemas de procedimiento para justificar una nueva guerra, que ellos mismos desatarán, a no ser que lo hagan por intermedio de Israel, como en julio y agosto de 2006, para gran escándalo de Francia. China y Rusia se reservan el derecho de no reconocer al tribunal especial de la ONU, pero asumen el riesgo de tener que aceptar el hecho consumado; riesgo aún mas grande si se tiene en cuenta que después de 2 años de investigaciones, todavía no se sabe quién caerá en manos de este tribunal especial. Otro pedazo del derecho internacional acaba de derrumbarse y nuevos peligros amenazan al Líbano.
Mientras tanto, las manifestaciones contra la ingerencia extranjera se mantienen desde hace meses, en pleno centro de Beirut. Miles de libaneses se mantienen pacíficamente, día y noche, frente a dos edificios rodeados de barreras de alambres de púas y bajo la custodia de carros blindados: se trata de la sede del gobierno libanés, ocupada por el seudo gobierno de Siniora, y de la oficina local de la ONU, donde funcionarios enviados por el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajan a toda máquina.
Thierry MeyssanPeriodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del Pentagate.Los artículos de esta autora o autor Enviar un mensaje
L’effroyable Imposture 2, de Thierry Meyssan hace un nuevo análisis del asesinato de Rafic Hariri dentro del contexto del «remodelamiento del Gran Medio Oriente» que han emprendido Estados Unidos e Israel.
L’effroyable Imposture 2 Manipulaciones y desinformación por Thierry Meyssan Disponible en la librería de la Red Voltaire.
[1] Informe de Peter Fitzgerald sobre las causas, las circunstancias y las consecuencias del asesinato de Rafic Hariri, 24 de marzo de 2005
[2] «La commission Mehlis discréditée», por Talaat Ramih; «Attentat contre Rafic Hariri: Une enquête biaisée?», declaraciones de de Jurgen Cain Kulbel a Silvia Cattori, Réseau Voltaire, 9 de diciembre de 2005 y 15 de septiembre de 2006.
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El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, este 30 de mayo de 2007, la resolución 1757 mediante la cual crea un tribunal especial que se encargará del atentado que costara la vida al ex primer ministro libanés Rafic Hariri así como de cualquier otro atentado político ligado a ese hecho que se haya cometido entre el 1º de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005. La resolución fue adoptada al cabo de largos debates y de importantes presiones ejercidas sobre los Estados miembros del Consejo. El resultado de la votación fue de 10 votos a favor y 5 abstenciones (China, la Federación Rusa, África del Sur, Indonesia y Qatar). Varios Estados expresaron su oposición a dicha resolución por considerarla inaplicable.
Como subrayó el embajador chino Guangya Wang (Chine), esta resolución sienta un precedente que resta credibilidad al Consejo de Seguridad de la ONU y socava su autoridad. El embajador de Sudáfrica, Dumisani Kumalo, observó por su parte que el Consejo de Seguridad está alterando el derecho internacional y politizándolo.
Para comprender este hecho, se hace necesario volver atrás en el tiempo. El 14 de febrero de 2005, Rafic Hariri era asesinado en Beirut. Según los primeros datos recogidos, el atentado exigió la utilización de medios altamente sofisticados y los investigadores libaneses no tenían ni la formación ni los medios materiales necesarios para continuar sus investigaciones. El presidente francés Jacques Chirac fue el primero en pedir que la comunidad internacional proporcionara al Líbano una ayuda judicial capaz de aclarar la verdad sobre el crimen. El presidente libanés Emile Lahud estuvo inmediatamente de acuerdo. El Consejo de Seguridad comenzó por enviar una misión de evaluación, que comprobó la omnipresencia de los servicios sirios en el Líbano y la duda que ello implicaba en cuanto a la independencia de los investigadores libaneses [1]. El Consejo creó después una misión de ayuda a la justicia libanesa.
Sin embargo, el jefe de esa misión de ayuda, el alemán Detlev Mehlis, se convirtió rápidamente en un fiscal acusador. Hasta se hacía llamar «fiscal Mehlis», alimentando así la confusión entre su antiguo cargo en Alemania y sus funciones como jefe de la misión. Luego se pudo comprobar que desde hacía mucho Mehlis, quien hizo todo lo posible por acusar a Siria, mantenía estrechos vínculos con las autoridades estadounidenses. Mehlis basó su investigación en declaraciones de testigos dudosos que resultaron haber sido remunerados por Saad Hariri (hijo del difunto) o por Rifaat El-Assad (un tío del actual presidente sirio que se puso al servicio de la CIA). En definitiva, Mehlis tuvo que salir de escena [2] y ser reemplazado por el belga Serge Brammertz sin haber aclarado el caso.
Poco a poco, la misión de ayuda empezó a considerarse como una misión investigadora, volviéndose autónoma en cuanto a la justicia libanesa, a la que se suponía que debía prestar ayuda. Después, se empezó a hablar de un tribunal internacional especial que se encargaría de aprobar la investigación de aquella misión, proceder que resulta muy extraño dado que nadie mencionó nunca que esos asesinatos hayan sido cometidos en el contexto de una guerra entre dos Estados ni que tuviesen entonces que someterse a una jurisdicción internacional. Nadie puso tampoco en duda la capacidad del Líbano para hacer funcionar sus propios tribunales ni se insinuó que habría que prestarle ayuda que se encargara de hacer justicia. No se presentó tampoco ningún argumento que justificara la creación de ese tribunal especial, lo cual equivale a reconocer que los móviles de su creación son inconfesables.
Sea como sea, el gobierno de Siniora negoció un acuerdo con el secretario general de la ONU (en aquel entonces era Kofi Annan) con vistas a la creación de tal tribunal. Las fechas establecidas para la competencia del tribunal (desde el 1º de octubre de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2005) no corresponden a un período o calendario convencional sino a los atentados cometidos contra Marwan Hamade y Gibran Tueni, que –según se insinúa– pueden estar vinculados al asesinato de Rafic Hariri. El fiscal, los jueces y los secretarios serán nombrados por el secretario general de la ONU. La mayoría no serán libaneses y gozarán de inmunidad diplomática y privilegios fiscales. El financiamiento del tribunal especial estará a cargo del Líbano (en un 49%). El 51% restante estará a cargo de otros Estados voluntarios (o sea, Estados Unidos, Francia y sus aliados). Dicho tribunal especial tendrá su sede fuera del Líbano, en un tercer Estado que todavía no ha sido designado. Finalmente, el gobierno libanés estará obligado a dar respuesta a todas las demandas del tribunal especial y tendrá que abstenerse de declarar amnistía alguna sobre hechos que pueden entrar en el marco de competencia del tribunal especial.
La ratificación del acuerdo está pendiente aún. Según la constitución libanesa, para se haga válido tendrán que aprobarlo simultáneamente el presidente de la República, el Consejo de Ministros y la Cámara de diputados. El presidente de la República, Emile Lahud, encargado de garantizar el respeto de las instituciones libanesas, se opone a toda pérdida de soberanía; el Consejo de Ministros, luego de 6 defecciones, ya no tiene la configuración requerida para reunirse; y, finalmente, el presidente de la Cámara, Nabib Berri, se niega a incluir el tema en la agenda de la Asamblea.
El asunto hubiera debido llegar solamente hasta ese punto. Pero el ex primer ministro Fuad Siniora ha decido forzar las cosas. Junto a los ministros que todavía le quedan, Siniora se aferra ilegalmente al poder. Este seudo gobierno ha dado su aprobación al acuerdo. Una mayoría de parlamentarios ha anunciado su aprobación y el seudo primer ministro afirma que esa petición hace innecesaria la votación de la Cámara cuando este paso constituye una exigencia de la Constitución. En cuanto al presidente de la República… se ha decidido ignorar su existencia. A tal punto que sus mensajes de protesta, dirigidos al secretario general de la ONU, ni siquiera aparecen citados como referencia en los por cuanto de la resolución del Consejo de Seguridad.
Además, Siniora negoció con el nuevo secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, un documento anexo sobre el estatuto del tribunal especial. Ese anexo indica que las jurisdicciones libanesas renunciarán a sus propias competencias en favor del tribunal especial, a tal extremo que el tribunal especial no se sentirá obligado [a respetar] los fallos anteriores de los tribunales libaneses. Un detalle significativo es que los idiomas de trabajo del tribunal especial serán no sólo el árabe (idioma oficial del Líbano) y el francés (idioma administrativo del Líbano), sino también el inglés, para que el Departamento de Estado pueda controlar los trabajos con más eficacia.
La guinda del pastel es que la resolución 1757 fue adoptada en el marco del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual quiere decir que «la comunidad internacional» (léase Estados Unidos, Francia y sus aliados) se reservan el derecho de recurrir a la fuerza militar para instaurar el tribunal especial y garantizar su funcionamiento. Esta disposición justifica por sí sola la existencia del tribunal especial: llegado el momento, [el tribunal] servirá de pretexto para desatar la guerra.
Esto es precisamente lo que subrayó el embajador ruso Vitaly Churkin: el papel del Consejo es garantizar la soberanía de los Estados miembros mientras que la referencia injustificada al Capítulo 7 tendrá efectos nefastos para el Líbano en particular y en el Medio Oriente en general. El embajador de Qatar, Nasir Abdulaziz al-Naser, denunció una resolución que perjudica a la cohesión y la estabilidad del Líbano. El embajador de Indonesia, Hasan Kleib, señaló que, al estipular que la instauración del tribunal especial comenzará el 10 de junio de 2007 a más tardar, la resolución contradice el artículo 19 del acuerdo anexo entre el Líbano y la ONU que estipula la necesaria ratificación constitucional. Es por eso que los 5 miembros del Consejo de Seguridad que se oponen al texto consideran que, en su estado actual, la resolución resulta jurídicamente inaplicable y decidieron abstener en vez de votar en contra.
Proseguirá el juego diplomático. Estados Unidos y Francia instaurarán ilegalmente este tribunal en el marco de la ONU, o fingirán hacerlo. Estados Unidos no dejará de utilizar los problemas de procedimiento para justificar una nueva guerra, que ellos mismos desatarán, a no ser que lo hagan por intermedio de Israel, como en julio y agosto de 2006, para gran escándalo de Francia. China y Rusia se reservan el derecho de no reconocer al tribunal especial de la ONU, pero asumen el riesgo de tener que aceptar el hecho consumado; riesgo aún mas grande si se tiene en cuenta que después de 2 años de investigaciones, todavía no se sabe quién caerá en manos de este tribunal especial. Otro pedazo del derecho internacional acaba de derrumbarse y nuevos peligros amenazan al Líbano.
Mientras tanto, las manifestaciones contra la ingerencia extranjera se mantienen desde hace meses, en pleno centro de Beirut. Miles de libaneses se mantienen pacíficamente, día y noche, frente a dos edificios rodeados de barreras de alambres de púas y bajo la custodia de carros blindados: se trata de la sede del gobierno libanés, ocupada por el seudo gobierno de Siniora, y de la oficina local de la ONU, donde funcionarios enviados por el Departamento de Estado de Estados Unidos trabajan a toda máquina.
Thierry MeyssanPeriodista y escritor, presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Es el autor de La gran impostura y del Pentagate.Los artículos de esta autora o autor Enviar un mensaje
L’effroyable Imposture 2, de Thierry Meyssan hace un nuevo análisis del asesinato de Rafic Hariri dentro del contexto del «remodelamiento del Gran Medio Oriente» que han emprendido Estados Unidos e Israel.
L’effroyable Imposture 2 Manipulaciones y desinformación por Thierry Meyssan Disponible en la librería de la Red Voltaire.
[1] Informe de Peter Fitzgerald sobre las causas, las circunstancias y las consecuencias del asesinato de Rafic Hariri, 24 de marzo de 2005
[2] «La commission Mehlis discréditée», por Talaat Ramih; «Attentat contre Rafic Hariri: Une enquête biaisée?», declaraciones de de Jurgen Cain Kulbel a Silvia Cattori, Réseau Voltaire, 9 de diciembre de 2005 y 15 de septiembre de 2006.
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